Por OFRANEH
La campaña internacional de aislamiento al gobierno de facto de Honduras que se ha dado como respuesta al golpe del 28 de junio, ha traído una oleada de apoyo al depuesto Presidente Manuel Zelaya, el que después de haber logrado en el seno de la ONU un respaldo absoluto, obtuvo que la OEA emitiera un ultimátum de 72 horas para que el presidente Zelaya retorne al poder.
El vertiginoso apoyo con que contó la administración depuesta, en especial la reunión de emergencia efectuada horas después del golpe en el marco de la OEA, es una muestra de los cambios políticos que se viene dando en América Latina en la última década.
Desde el ultimo golpe en contra del presidente venezolano Hugo Chavez y el irrestricto espaldarazo concedido por la Administración Bush a los golpistas, a la actual actitud asumida por el Secretario General Insulza a favor de Manuel Zelaya, muestran los aires de cambio que se comenzaron a dar desde el mes de abril con la cumbre de Trinidad y la posterior reunión de la OEA en San Pedro Sula.
En Junio 29 la Secretaria de Estado Hillary Clinton pidió tibiamente la restitución de Mel al poder, en el marco de declaraciones efectuadas por la diplomática en una conferencia de prensa del departamento de Estado relacionada con los "puntos conflictivos del planeta".
Las movilizaciones de apoyo al gobierno de facto, están siendo organizadas entre otras por la Sra. María Martha Díaz Velázquez que dirige la supuesta organización cívica denominada Movimiento Paz y Democracia (MPD), la cual ha venido desde hace meses actuando como grupo de presión en contra de la administración de Manuel Zelaya. La Sra. Diaz fue utilizada por CNN en su cobertura noticiosa posterior al golpe, para justificar las acciones emprendidas por los golpistas. El mismo domingo 28, el Movimiento Paz y Democracia convocó a una manifestación en la Plaza Morazán de Tegucigalpa acompañados por la Unión Cívica Democrática, agrupación donde se aglutinan los gremios empresariales ultraconservadores del país.
La polarización en Honduras es un trabajo que se ha venido dando desde hace años, en especial utilizando los medios de comunicación afines a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), profesionales en la desinformación tendenciosa. Ha sido un trabajo lento y persistente. Siendo la afiliación de Honduras a Petrocaribe y la iniciativa ALBA los mayores crímenes cometidos por la administración Zelaya, situación que sirvió de pretexto para invocar el otrora demonio del "comunismo", que tanto caló en el pueblo hondureño durante la guerra fría.
La actitud ambigua asumida por el actual gobierno de Barack Obama, ciertamente es un indicador de la participación de los Estados Unidos en el golpe perpetrado el domingo pasado. Hasta el momento la administración Obama ha condenado el golpe de forma tibia, pero no ha procedido a tomar las medidas concretas. En declaraciones a la prensa los voceros de la casa Blanca llaman el golpe ilegal, pero han evitado declarar los sucesos como un golpe de estado, situación que implicaría una suspensión inmediata de la ayuda económica que se recibe por parte de los Estados Unidos.
Según la Administración Obama está tratando de "reinstalar" a Zelaya, e insiste en desasociarse de los imperantes rumores de la participación de su país en los hechos acontecidos. Según los informes de prensa vertidos por la Casa Blanca, las gestiones para detener el golpe se iniciaron ya antes que éste fuera confirmado, sirviendo la Embajada de Estados Unidos de mediador entre el ejercito golpista y Manuel Zelaya.
Es indudable que existe injerencia directa por parte de organizaciones afiliadas a la extrema derecha estadounidense, tales como la Fundación Arcadia, en la cual esta inmiscuido Otto Reich, nefasto personaje a cargo de operaciones de desinformación y sabotaje, no muy lejano de Posada Carriles y los terroristas cubanos encargados de los trabajo sucios de la CIA. Se supone que uno de los objetivos primordiales de la Fundación Arcadia es la lucha en contra de la corrupción, y desde esa perspectiva a mantenido una guerra de baja intensidad a partir del año 2006 en contra de personeros de la Administración Zelaya.
Por otro lado están las fuertes sumas de dinero recibidas por el Movimiento Paz y Democracia, a través de la USAID y la National Endowment for Democracy (NED), instituciones reconocidas como financistas de golpes y proceso de desestabilización a lo largo del planeta.
Es de esperar que de no crearse un bloqueo económico total en contra del gobierno de facto, la polarización en el país continuará, cobijada en la desinformación existente y en los clamores de grupos afines a los sectores más feudales del país. Desde las iglesias hasta los gremios de empresarios pasando por la apocada clase media, los efectos del trabajo de la NED y la USAID se hacen sentir en el país.
Para la OFRANEH es inminente que la administración Obama debe frenar la labor de los organismos de inteligencia dedicadas a la desestabilización y desinformación, ya que pretenden es crear un choque entre grupos proclives a los golpistas y los defensores de la democracia. Será el gobierno de Estados Unidos los responsables directos de cualquier derramamiento de sangre.
Hacemos un llamado a Barack Obama que muestre de nuevo el singular perfil del hombre que logró mover un país en base a su clamor por la justicia, y que frene las agresiones de los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos los cuales claramente no cejan en perder los que siempre han considerado su patio trasero.
Por eso reiteramos que no basta con declaraciones ambiguas por parte de Obama y su gabinete. Se requiere una vez por todas señalar los acontecimientos como un coup d’état (golpe de estado). Es urgente DECRETAR SANCIONES ECONOMICAS DE INMEDIATO para Honduras y así frenar la agresividad del gobierno golpista y neofascista. Es la única forma que se inducirá la paz y seguridad en Honduras y la estabilidad del continente. De no actuar los Estados Unidos queda ratificada su política colonialista para América Latina en la era Obama.
La Ceiba, Atlántida 1 de Julio del 2009
Fuente:Bellaciao.Org.ES/ Edición de: PrensaPopopularSolidaria_ComunistasMiranda
http://prensapopular-comunistasmiranda.blogspot.com
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viernes, 3 de julio de 2009
ELTSJ EMITIÓ VERGONZOSAS SENTENCIAS CONTRA EL GOBIERNO
EL TSJ EMITIO VERGONZOSAS SENTENCIAS CONTRA EL GOBIERNO
Estimados amigos, prácticamente sin proponérmelo yo, y por iniciativa de los medios, ha permanecido vigente la controversia sobre el arbitraje de los contratos de interés público. Les acompaño texto que ha salido hoy en El Nacional.
Sería quizá de preparar alguna estrategia alternativa a largo plazo. Por lo menos, el tema no ha caído en el olvido. Cordiales saludos, Luis Britto El TSJ ha emitido vergonzosas sentencias contra el Gobierno
Los cuestionamientos contra el uso del arbitraje internacional para la resolución de controversias que puedan darse entre algún organismo del Estado y empresas transnacionales obligó al Tribunal Supremo de Justicia, y en particular a su presidenta, Luisa Estela Morales, a emitir un dictamen que no lo considera inconstitucional, pero tampoco lo admite abiertamente como se previó en los convenios de la apertura petrolera a mediados de los años 90.
Luis Britto García ha sido un eterno oponente a legislaciones en las que el país admite someterse a instancias foráneas y por eso en marzo del año pasado justo en pleno pleito que inició la petrolera Exxon Mobil contra Pdvsa introdujo con un grupo de abogados un recurso de nulidad, por inconstitucional, contra el arbitraje internacional ante el Tribunal Supremo de Justicia.
El TSJ se tomó su tiempo en emitir sentencia, y posteriormente reiteró los alcances del dictamen en un comunicado público, titulado "Se consolida la inmunidad de Venezuela frente a tribunales extranjeros", texto que sorprendió a los profesionales del derecho de todas las tendencias, porque no es usual que el máximo tribunal recurra a informaciones públicas para dar explicaciones sobre sus decisiones judiciales.
Esto obligó a Britto García a responder que "el TSJ tardó un año en sentenciar dicho recurso y lo hizo en contra de nuestro país".
--¿Por qué asegura que Venezuela será condenada y embargada por jueces extranjeros, si el TSJ indicó que queda a competencia de la República aceptar o no la figura del arbitraje internacional mediante manifestación válida, expresa e inequívoca?
--Porque es lo que está sucediendo. Venezuela ha sido demandada ante órganos extranjeros en controversias surgidas de contratos de interés público, y sus bienes han sido embargados. El que lo dude, que lea lo relativo a la demanda de la Exxon el año pasado. Además, no se puede perder la inmunidad de jurisdicción ni con "manifestación" ni sin "manifestación", porque la Carta Magna dispone que "son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional".
--¿Qué le responde al TSJ cuando afirma que "se consolida la inmunidad de Venezuela frente a tribunales extranjeros"?
--Le respondo con sus propias palabras. El boletín anónimo atribuido al TSJ afirma que "el Estado es absolutamente soberano, por lo que no puede someterse a tribunales extranjeros en tanto no exista una manifestación válida, expresa e inequívoca para dirimir sus conflictos en órganos jurisdiccionales extranjeros". Luego, según el boletín, la "inmunidad de Venezuela frente a tribunales extranjeros" se consolida diciendo que si existe una "manifestación", Venezuela debe "dirimir sus conflictos en órganos jurisdiccionales extranjeros". A eso no se lo llama inmunidad, sino pérdida de soberanía.
--¿No cree que el TSJ rechazó el recurso de nulidad cuando recibió uno de interpretación que introdujeron abogados de Pdvsa?
--No sé exactamente qué puedan haber introducido los abogados de Pdvsa, ya que nosotros actuamos como simples ciudadanos particulares en defensa de la soberanía, y no como empleados de ningún ente.
--¿Por qué cree que el recurso de los asesores de Pdvsa fue de interpretación y no la nulidad?
--Pregúnteselo a ellos. Fermín Toro Jiménez y yo, acompañados de otros ciudadanos particulares de cierta relevancia en la vida nacional, como Vladimir Acosta, Iraida Vargas, Mario Sanoja Obediente, Camilo Arcaya, también solicitamos una interpretación. En nuestro caso, solicitamos que en materia de controversias sobre contratos de interés público se declarara inconstitucional tanto el sometimiento de la República a árbitros foráneos y a tribunales extranjeros, como a leyes distintas de las nuestras. Lo hicimos porque no sólo queríamos impedir el abuso de la Exxon, sino también evitar acciones similares de otras empresas contra nuestro país en el exterior.
--¿Considera que la sentencia del TSJ sobre el tema del arbitraje es muestra de autonomía del Poder Judicial o hubo injerencia del Gobierno o Pdvsa?
--Considero que es una muestra de ignorancia del recto sentido de los artículos 1 y 151 de la Constitución de la República Bolivariana.
--¿Hay abogados que sostienen que la sentencia es ambigua?
--Es ambigua en cuanto a los razonamientos, pero en cuanto al resultado, sostiene categóricamente que las controversias sobre contratos de interés público, por ejemplo los relativos a la explotación de hidrocarburos, pueden ser resueltas según leyes extranjeras por tribunales o árbitros foráneos, previa "manifestación". Según esa sentencia, la Exxon y las demás transnacionales tienen pleno derecho a demandarnos y a tratar de embargarnos ante un órgano extranjero, en litigios surgidos de contratos de interés público sobre la explotación de nuestros hidrocarburos.
--¿Qué interpretación le da al comunicado público del TSJ?
--Ese boletín no está firmado, y el artículo 57 de la Constitución prohíbe el anonimato. El TSJ sólo puede manifestarse a petición de parte, mediante sentencia, que debe estar suscrita por sus magistrados, debidamente identificados, con constancia de quienes apoyan la decisión y quienes salvan el voto.
--¿Ese comunicado intentaba advertir al Gobierno o a Pdvsa?
--No creo que un boletín anónimo pueda advertirle nada a nadie.
--¿Qué le responde a los abogados que señalan que el TSJ confunde lo que es un tribunal extranjero con uno internacional?
--Es cierto. Confunde inexcusablemente ambos conceptos, que son enteramente distintos. También incurre en otra confusión impropia de profesionales del derecho, cuando asimila contratos de interés público y tratados internacionales. Sería de preguntarse quién redactó ese comunicado o qué conceptos se han utilizado para redactar las sentencias a las cuales se refiere.
--Los defensores del arbitraje internacional aseguran que el país no se somete a instancias internacionales porque el Estado tiene la potestad de designar a sus árbitros.
--Eso es como sostener que si un funcionario convierte a Venezuela en colonia, no pierde la soberanía porque el funcionario eligió a quién entregarle el país. Cuando se designan árbitros, usualmente cada parte elige uno, y ambos elegidos escogen un tercero. Dos terceras partes de cada órgano arbitral no son designados por la República. No es como para confiarles cuestiones de interés público, como la soberanía o la propiedad del subsuelo. Mucho menos para permitirle que decidan sobre ello sin tener en cuenta nuestras leyes. ¿Para qué tenemos entonces un Poder Legislativo y otro Judicial?
--¿Cree que hay arbitrajes que sí pueden ser ganados por el Estado, como el caso Aucoven por la autopista Caracas-La Guaira?
--Venezuela ha perdido la tercera parte de su territorio en arbitrajes internacionales. El contrato sobre la administración de la autopista Caracas-La Guaira es un caso indigno, en el que se obligaba a la República a servirle de gestora a la contratista, y de indemnizarla por cualquier demanda que se introdujera contra la empresa.
--¿Qué debería hacer el Gobierno si el arbitraje que inició Exxon perjudica a Pdvsa?
--Aplicar la Constitución, en defensa de la República, y para evitar que ésta sea desestabilizada económicamente por demandas temerarias que pudieran intentar otras transnacionales.
--¿No se corre el riesgo de que se frenen las inversiones extranjeras si se elimina totalmente el arbitraje internacional?
--(El abogado recurre a uno de sus recursos literarios preferidos).
Usted sabe que el petróleo no tiene el menor valor; que no escasea, que no es necesario para nadie, que nos los compran por pura lástima y que por lo tanto es probable que las transnacionales no inviertan más en el caso de que empiece a llover petróleo sobre los países del Grupo de los 8.
--¿Considera que el gobierno del presidente Hugo Chávez es de tendencia nacionalista?
--El gobierno del presidente Chávez frenó el plan de privatización de Pdvsa, y está renacionalizando parte de nuestras industrias básicas y estratégicas, que habían sido privatizadas. Las demandas que introdujimos conjuntamente Fermín Toro Jiménez y otros ciudadanos fueron rechazadas por el TSJ, que no es el Poder Ejecutivo, y que repetidamente ha emitido vergonzosas sentencias contra el Gobierno, como la que afirmaba que el 11 de abril no hubo golpe de Estado.
Estimados amigos, prácticamente sin proponérmelo yo, y por iniciativa de los medios, ha permanecido vigente la controversia sobre el arbitraje de los contratos de interés público. Les acompaño texto que ha salido hoy en El Nacional.
Sería quizá de preparar alguna estrategia alternativa a largo plazo. Por lo menos, el tema no ha caído en el olvido. Cordiales saludos, Luis Britto El TSJ ha emitido vergonzosas sentencias contra el Gobierno
Los cuestionamientos contra el uso del arbitraje internacional para la resolución de controversias que puedan darse entre algún organismo del Estado y empresas transnacionales obligó al Tribunal Supremo de Justicia, y en particular a su presidenta, Luisa Estela Morales, a emitir un dictamen que no lo considera inconstitucional, pero tampoco lo admite abiertamente como se previó en los convenios de la apertura petrolera a mediados de los años 90.
Luis Britto García ha sido un eterno oponente a legislaciones en las que el país admite someterse a instancias foráneas y por eso en marzo del año pasado justo en pleno pleito que inició la petrolera Exxon Mobil contra Pdvsa introdujo con un grupo de abogados un recurso de nulidad, por inconstitucional, contra el arbitraje internacional ante el Tribunal Supremo de Justicia.
El TSJ se tomó su tiempo en emitir sentencia, y posteriormente reiteró los alcances del dictamen en un comunicado público, titulado "Se consolida la inmunidad de Venezuela frente a tribunales extranjeros", texto que sorprendió a los profesionales del derecho de todas las tendencias, porque no es usual que el máximo tribunal recurra a informaciones públicas para dar explicaciones sobre sus decisiones judiciales.
Esto obligó a Britto García a responder que "el TSJ tardó un año en sentenciar dicho recurso y lo hizo en contra de nuestro país".
--¿Por qué asegura que Venezuela será condenada y embargada por jueces extranjeros, si el TSJ indicó que queda a competencia de la República aceptar o no la figura del arbitraje internacional mediante manifestación válida, expresa e inequívoca?
--Porque es lo que está sucediendo. Venezuela ha sido demandada ante órganos extranjeros en controversias surgidas de contratos de interés público, y sus bienes han sido embargados. El que lo dude, que lea lo relativo a la demanda de la Exxon el año pasado. Además, no se puede perder la inmunidad de jurisdicción ni con "manifestación" ni sin "manifestación", porque la Carta Magna dispone que "son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional".
--¿Qué le responde al TSJ cuando afirma que "se consolida la inmunidad de Venezuela frente a tribunales extranjeros"?
--Le respondo con sus propias palabras. El boletín anónimo atribuido al TSJ afirma que "el Estado es absolutamente soberano, por lo que no puede someterse a tribunales extranjeros en tanto no exista una manifestación válida, expresa e inequívoca para dirimir sus conflictos en órganos jurisdiccionales extranjeros". Luego, según el boletín, la "inmunidad de Venezuela frente a tribunales extranjeros" se consolida diciendo que si existe una "manifestación", Venezuela debe "dirimir sus conflictos en órganos jurisdiccionales extranjeros". A eso no se lo llama inmunidad, sino pérdida de soberanía.
--¿No cree que el TSJ rechazó el recurso de nulidad cuando recibió uno de interpretación que introdujeron abogados de Pdvsa?
--No sé exactamente qué puedan haber introducido los abogados de Pdvsa, ya que nosotros actuamos como simples ciudadanos particulares en defensa de la soberanía, y no como empleados de ningún ente.
--¿Por qué cree que el recurso de los asesores de Pdvsa fue de interpretación y no la nulidad?
--Pregúnteselo a ellos. Fermín Toro Jiménez y yo, acompañados de otros ciudadanos particulares de cierta relevancia en la vida nacional, como Vladimir Acosta, Iraida Vargas, Mario Sanoja Obediente, Camilo Arcaya, también solicitamos una interpretación. En nuestro caso, solicitamos que en materia de controversias sobre contratos de interés público se declarara inconstitucional tanto el sometimiento de la República a árbitros foráneos y a tribunales extranjeros, como a leyes distintas de las nuestras. Lo hicimos porque no sólo queríamos impedir el abuso de la Exxon, sino también evitar acciones similares de otras empresas contra nuestro país en el exterior.
--¿Considera que la sentencia del TSJ sobre el tema del arbitraje es muestra de autonomía del Poder Judicial o hubo injerencia del Gobierno o Pdvsa?
--Considero que es una muestra de ignorancia del recto sentido de los artículos 1 y 151 de la Constitución de la República Bolivariana.
--¿Hay abogados que sostienen que la sentencia es ambigua?
--Es ambigua en cuanto a los razonamientos, pero en cuanto al resultado, sostiene categóricamente que las controversias sobre contratos de interés público, por ejemplo los relativos a la explotación de hidrocarburos, pueden ser resueltas según leyes extranjeras por tribunales o árbitros foráneos, previa "manifestación". Según esa sentencia, la Exxon y las demás transnacionales tienen pleno derecho a demandarnos y a tratar de embargarnos ante un órgano extranjero, en litigios surgidos de contratos de interés público sobre la explotación de nuestros hidrocarburos.
--¿Qué interpretación le da al comunicado público del TSJ?
--Ese boletín no está firmado, y el artículo 57 de la Constitución prohíbe el anonimato. El TSJ sólo puede manifestarse a petición de parte, mediante sentencia, que debe estar suscrita por sus magistrados, debidamente identificados, con constancia de quienes apoyan la decisión y quienes salvan el voto.
--¿Ese comunicado intentaba advertir al Gobierno o a Pdvsa?
--No creo que un boletín anónimo pueda advertirle nada a nadie.
--¿Qué le responde a los abogados que señalan que el TSJ confunde lo que es un tribunal extranjero con uno internacional?
--Es cierto. Confunde inexcusablemente ambos conceptos, que son enteramente distintos. También incurre en otra confusión impropia de profesionales del derecho, cuando asimila contratos de interés público y tratados internacionales. Sería de preguntarse quién redactó ese comunicado o qué conceptos se han utilizado para redactar las sentencias a las cuales se refiere.
--Los defensores del arbitraje internacional aseguran que el país no se somete a instancias internacionales porque el Estado tiene la potestad de designar a sus árbitros.
--Eso es como sostener que si un funcionario convierte a Venezuela en colonia, no pierde la soberanía porque el funcionario eligió a quién entregarle el país. Cuando se designan árbitros, usualmente cada parte elige uno, y ambos elegidos escogen un tercero. Dos terceras partes de cada órgano arbitral no son designados por la República. No es como para confiarles cuestiones de interés público, como la soberanía o la propiedad del subsuelo. Mucho menos para permitirle que decidan sobre ello sin tener en cuenta nuestras leyes. ¿Para qué tenemos entonces un Poder Legislativo y otro Judicial?
--¿Cree que hay arbitrajes que sí pueden ser ganados por el Estado, como el caso Aucoven por la autopista Caracas-La Guaira?
--Venezuela ha perdido la tercera parte de su territorio en arbitrajes internacionales. El contrato sobre la administración de la autopista Caracas-La Guaira es un caso indigno, en el que se obligaba a la República a servirle de gestora a la contratista, y de indemnizarla por cualquier demanda que se introdujera contra la empresa.
--¿Qué debería hacer el Gobierno si el arbitraje que inició Exxon perjudica a Pdvsa?
--Aplicar la Constitución, en defensa de la República, y para evitar que ésta sea desestabilizada económicamente por demandas temerarias que pudieran intentar otras transnacionales.
--¿No se corre el riesgo de que se frenen las inversiones extranjeras si se elimina totalmente el arbitraje internacional?
--(El abogado recurre a uno de sus recursos literarios preferidos).
Usted sabe que el petróleo no tiene el menor valor; que no escasea, que no es necesario para nadie, que nos los compran por pura lástima y que por lo tanto es probable que las transnacionales no inviertan más en el caso de que empiece a llover petróleo sobre los países del Grupo de los 8.
--¿Considera que el gobierno del presidente Hugo Chávez es de tendencia nacionalista?
--El gobierno del presidente Chávez frenó el plan de privatización de Pdvsa, y está renacionalizando parte de nuestras industrias básicas y estratégicas, que habían sido privatizadas. Las demandas que introdujimos conjuntamente Fermín Toro Jiménez y otros ciudadanos fueron rechazadas por el TSJ, que no es el Poder Ejecutivo, y que repetidamente ha emitido vergonzosas sentencias contra el Gobierno, como la que afirmaba que el 11 de abril no hubo golpe de Estado.