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| ¿Se pretende utilizar al CNE como instrumento para ilegalizar a los Partidos "aliados" del PSUV? |
Por: Javier Biardeau R.|
Siempre hay recordar la historia para fines de conjurar la desmemoria. En primer, lugar, reconstruir fragmentos del contexto de los años 1958-1965 en el país, fragmentos que permiten comprender y explicar la estructura significativa de acontecimientos y dinámicas políticas que resultan de una hermenéutica crítica sobre la producción legislativa de aquellos tempestuosos años.
Nos referimos a la tan citada Ley de Partidos políticos, Reuniones públicas y Manifestaciones publicada en la gaceta oficial N° 27.725 del 30 de abril de 1965 [i].
Fue la Constitución de 1961 la primera en regular en forma expresa a los partidos políticos, al establecer el derecho de todos los venezolanos aptos para el voto “de asociarse en partidos políticos para participar, por métodos democráticos, en la orientación de la política nacional (Art. 114). La Constitución, además, dispuso que “el legislador reglamentará la constitución y actividad de los partidos políticos con el fin de asegurar su carácter democrático y garantizar su igualdad ante la ley”.
En ejecución de esa norma en 1964 se sancionó la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones de 15 de diciembre de 1964 (luego publicada en Gaceta el 30 de abril de 1965), la cual continúa vigente, con cambios no significativos en materia de legalización y renovación de partidos, como puede constatarse al comparar exhaustivamente su articulado en ambos textos [ii].
Sin embargo, llama la atención que la reforma del año 2010 no haya ido al meollo de la confusión entre el desarrollo progresivo de derechos políticos a la participación en asociaciones con fines políticos, y las consideraciones sobre materias de orden público interno junto a potenciales alteraciones del orden constitucional.