Hungría ha jugado un papel pionero en materia de austeridad.
En 2006, el primer ministro socialista (MSzP) de entonces, Fernc Gyursany, anunció a un público pasmado, no sólo que no iba a respetar sus promesas electorales, sino que iba a poner en práctica una política de rigor especialmente brutal.
El país se salía indiscutiblemente de las ataduras de Maastricht con un 8 % de déficit presupuestario. El MSzP manifestaba que los sacrificios serían equitativamente compartidos, pero el anuncio de las medidas tomadas, hizo rápidamente evidente que serían las capas populares las que iban a soportar las cargas más duras.
En nombre del pragmatismo económico, el IVA sobre la alimentación y los bienes de primera necesidad pasó del 15% al 20%, el precio del gas aumentó un 30% y el de la electricidad de un 6% a un 8%. Paralelamente, más de 10.000 empleos fueron suprimidos en la función pública y el salario de los funcionarios congelado. Sin embargo, el calvario húngaro no se detendría allí : el gobierno introdujo gastos de inscripción en la universidad e inició la privatización galopante del sistema sanitario y de la Seguridad Social.
Hoy, el déficit presupuestario se reduce al 3,4% del PIB, lo que no impide que Hungría fuera especialmente golpeada por la crisis financiera de 2007-2008, hasta tal punto que debe solicitar préstamos del FMI a nivel de 20 mil millones de euros (al final sólo utilizará 14 mil millones). Pero este apoyo está condicionado a nuevos recortes en los presupuestos sociales.
En las próximas elecciones legislativas de abril de 2010, con la recuperación de la actividad de la extrema derecha xenófoba como telón de fondo, los sondeos prevén el hundimiento del Partido Socialista en beneficio de los conservadores del Fidesz.
Fuente: L"Humanité en Español/ PrensaPopularSolidaria
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