]Por: Humberto Vargas Carbonel
Con apego a la norma constitucional del
inciso 4.- del artículo 139 de la Constitución el Presidente debe
presentar a la Asamblea Legislativa…”un mensaje escrito relativo a los
diversos asuntos de la Administración y al estado político de la
República…”
Este mandato constitucional es desarrollado por el artículo 11 del Reglamento Legislativo en el que, además, se fijan las normas protocolarias. Hasta aquí lo legal.
Este mandato constitucional es desarrollado por el artículo 11 del Reglamento Legislativo en el que, además, se fijan las normas protocolarias. Hasta aquí lo legal.
Hace muchos años, no sé cuántos exactamente, se siguen esas normas, con muy pocas variantes.
No diré nada sobre el contenido. Cada
vez que un Presidente presenta un informe se desata un auténtico juego
de pólvora oratorio, unos encienden chirraca para demostrar su adhesión
al Presidente y otros, triquitraques de doble trueno para mostrar su
militante oposición. Al final, palabras que se las lleva el viento.
El resultado final no depende tanto de
los talentos de los oradores como del modo de hacer política, que es un
modo nefasto y por lo mismo improductivo.
Los informes presidenciales, así como
los discursos de sus adversarios son siempre una prolongación de un
modelo electoral absolutamente aburguesado. Los procesos electorales
constituyen el punto culminante del desprecio por el pueblo, a ese le
llaman “soberano” pero que está lejos, por causas ajenas, del fondo del
proceso eleccionario.
Bien sabida esa mecánica electoral, pero
insisto con algunas ideas, solamente con el propósito de refrescar la
memoria de las víctimas.
El fin “supremo” del Tribunal Supremo de
Elecciones es garantizar que la gran burguesía no pierda el control
absoluto de la vida política, económica y social. Las autoridades
electorales han cambiado pero desde el inicio de los años treintas,
impidieron la inscripción de un partido que lleve el nombre de
“comunista” y así los comunistas hemos sido “obligados” a usar apodos
para participar en los procesos electorales.
Desde 1948 y durante muchos años fueron ilegalizados varios partidos. En 1953 fue puesto fuera de ley e impedido de participar en las elecciones el “Partido Progresista Independiente” cuyo candidato a la Presidencia fue don Joaquín García Monge. El principal gestor de esa ilegalización fue Francisco Orlich Bolmarcich, para entonces Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Liberación. Y el TSE expectante y en silenciosa espera avaló la ilegalización de otros partidos.
Desde 1948 y durante muchos años fueron ilegalizados varios partidos. En 1953 fue puesto fuera de ley e impedido de participar en las elecciones el “Partido Progresista Independiente” cuyo candidato a la Presidencia fue don Joaquín García Monge. El principal gestor de esa ilegalización fue Francisco Orlich Bolmarcich, para entonces Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Liberación. Y el TSE expectante y en silenciosa espera avaló la ilegalización de otros partidos.
Los canales de TV y las radioemisoras
participan abiertamente en la campaña electoral ante la interesada
ceguera del TSE que olvidó que estas empresas no podrían existir sin el
uso de un bien público como es el espacio radioeléctrico.
La Sala Constitucional resolvió: “Según el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Políticas “los servicios inalámbricos “no podrán salir definitivamente del dominio del Estado. Pública es la titularidad: han sido constitucionalmente vinculados a fines públicos y su régimen es exorbitante del derecho privado…” (S. C. V. 3272-95). Según el TSE estas empresas pueden participar en los procesos electorales con fines sectarios, más allá de los espacios vendidos. Este fenómeno es una grave falla de un órgano que tiene el deber ser un árbitro imparcial de los procesos electorales.
La Sala Constitucional resolvió: “Según el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Políticas “los servicios inalámbricos “no podrán salir definitivamente del dominio del Estado. Pública es la titularidad: han sido constitucionalmente vinculados a fines públicos y su régimen es exorbitante del derecho privado…” (S. C. V. 3272-95). Según el TSE estas empresas pueden participar en los procesos electorales con fines sectarios, más allá de los espacios vendidos. Este fenómeno es una grave falla de un órgano que tiene el deber ser un árbitro imparcial de los procesos electorales.
El mayor de los problemas es permitir el
uso ilimitado ý abusivo de recursos económicos, que implica una
diferenciación entre los candidatos absolutamente ilegítima. Todos los
candidatos deben tener las mismas posibilidades económicas, solo así se
puede garantizar que la diferencias entre ellos sean sus ejecutorias
sociales, su cultura y su talento.
Se podría decir que el candidato con más
posibilidades de ser electo es aquel con vínculos más estrechos con el
crimen organizado o con los medios que son propiedad de la oligarquía
en asocio con monopolios extranjeros. Esta diferenciación ha hecho pagar al pueblo un doloroso precio moral y político, elevadísimos.
No es necesaria una reducción al absurdo
para decir que el régimen electoral se ha descompuesto de tal manera
que puede considerarse la podredumbre de la “democracia costarricense”,
de la que tanto se habla. La propaganda electorera es la realidad al
revés.
La retórica presidencial, cada 1 de
mayo, es una retórica decadente, con olvido total de las necesidades
reales de aquellos a los que se les pidió el voto. Es simplemente un
discurso de plaza pública, dicho con pausas más prolongadas y sin el
acompañamiento de música y payasos, pero igualmente vacío.
Y a pesar de esto el Presidente no
responde ante nadie ni por nada. La Asamblea vive al margen de esta
realidad. El Presidente es intocable; le basta con destituir a
ministros, aunque sea el único y real responsable del desacierto, de la
vagabundería o del acto de corrupción.
El régimen constitucional ha blindado jurídicamente de tal manera al Presidente que en nuestra política ha desaparecido una institución de enorme valor: “la responsabilidad política”. La ausencia de esta institución ha quitado capacidades a la Asamblea Legislativa, hasta convertirla en un Poder prácticamente inerte: produce leyes y ejerce un control político carente de seriedad e incapaz de producir efectos significativos.
El régimen constitucional ha blindado jurídicamente de tal manera al Presidente que en nuestra política ha desaparecido una institución de enorme valor: “la responsabilidad política”. La ausencia de esta institución ha quitado capacidades a la Asamblea Legislativa, hasta convertirla en un Poder prácticamente inerte: produce leyes y ejerce un control político carente de seriedad e incapaz de producir efectos significativos.
El presidencialismo extremo que
padecemos es uno de los mayores males de nuestra vida institucional.
Esto tiene que cambiar y pronto. Debe elaborarse un modelo propio que
separe las funciones de jefe del Estado de la Jefatura de Gobierno. Y a
este último obligarlo a responder permanentemente sobre sus actos y los
de sus subordinados. Incluyendo la posibilidad de que una
representación de los electores que pueda destituirlo.
Habría que elaborar un modelo de
parlamentarismo costarricense y adecentar el proceso electoral. Así
podríamos mejorar mientras llega la hora de la verdadera justicia.
Tengo la impresión que para no pocos
alcanzar la Presidencia es un afán personalísimo y vanidoso. Llegan a
ese puesto sin programa y sin ideas. Su mayor anhelo no es servir al
pueblo sino ganarse el título de ex Presidente, porque ese sí es
permanente.
Quisiera para cerrar estas pequeñas
notas recordar una idea—que no será textual— de Charles De Gaulle, que
una vez dijo, según lo recuerda R. Nixon en su libro “Los Líderes”, “Hay
quienes participan en la política para hacer algo y otros que
participan para ser alguien”.
Clasifique Usted estimado lector a los políticos costarricenses.
Fuente: Partido Vanguardia Popular(Comunista)Costa Rica/Solidnet/PrensaPopularSolidaria
http://prensapopular-comunistasmiranda.blogspot.com
Correo: pcvmirandasrp@gmail.com
Fuente: Partido Vanguardia Popular(Comunista)Costa Rica/Solidnet/PrensaPopularSolidaria
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