EL PROBLEMA DEL PODER NO SE HA RESUELTO EN VENEZUELA
«Hay que tener claro que el problema del poder no se ha resuelto en Venezuela; la clase obrera no se ha hecho con el poder en nuestro país, por lo que la estructura del sistema burgués no ha sido modificada». señala en entrevista para "Bonjour Karl"" Carlos Aquino, dirigente nacional del Partido Comunista de Venezuela-PCV y Director de Tribuna Popular
Por: Redacción BK.-
Bonjour Karl inaugura su sección de entrevistas con un invitado de altura, hablamos deCarlos Aquino, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y director de Tribuna Popular, órgano de prensa del Comité Central del PCV.
Lo hacemos además con la vista en los acontecimientos que en el último periodo se están produciendo en América Latina, donde parece asentarse un periodo de retroceso de los gobiernos progresistas y bolivarianos. Un escenario digno de analizar y al que últimamente se incorporan elementos políticos como que en la propia Venezuela los comunistas sufren la amenaza de ilegalización.
Saludamos pues a Carlos Aquino, al que antes de nada quisiéramos por una parte agradecer el habernos hecho un hueco es su apretada agenda para poder contestar a nuestras preguntas, y por otra mostrar nuestra solidaridad y aliento ante los importantes retos que en lo más próximo tiene que afrontar el PCV. Estamos seguros que todos ellos serán cubiertos con éxito.
Para empezar esta entrevista nos gustaría conocer, desde la preocupación que nos merece, ¿en qué consiste el proceso de ilegalización que se cierne sobre el Partido Comunista de Venezuela (PCV)?
En primer lugar, queremos saludar la iniciativa que significa Bonjour Karl, en el marco de la tan necesaria contraofensiva político-ideológica que debemos impulsar desde consecuentes posiciones clasistas revolucionarias, con las vigentes banderas del marxismo-leninismo y por el triunfo de la revolución proletaria y popular. Asimismo, agradecerles la manifiesta solidaridad para con el PCV, entendiéndola como expresión del internacionalismo proletario —que es una de las armas fundamentales con las que contamos para derrotar a la burguesía y al capital transnacional.
En segundo lugar, efectivamente, hoy el PCV está en peligro real de ser ilegalizado por cuarta vez en sus 86 años de lucha. Es de recordar que un tercio de nuestra vida hemos estado ilegalizados por disposiciones político-jurídicas del Estado burgués: de 1931 a 1945, por la Constitución de la tiranía gomecista; de 1950 a 1958, por decreto de la dictadura militar perezjimenista; y, de 1962 a 1969, por decreto del régimen policial betancourista.
Durante este último periodo señalado —en el que libramos una lucha armada contra el régimen pro-imperialista y antipopular que imperaba en Venezuela—, se produjo la gran mayoría de los más de diez mil crímenes de Estado registrados de 1958 a 1998 contra los comunistas y el movimiento popular, mediante desapariciones forzadas, torturas y asesinatos masivos y selectivos.
En este contexto se promulgó, en 1965, la Ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones, como mecanismo restrictivo de control a los partidos de izquierda y movimientos revolucionarios.
Tras la aprobación de la Constitución de 1999, el ordenamiento jurídico mantendría su vigencia en todo lo que no contradijera a la Carta Magna —según la Disposición derogatoria—, y el parlamento nacional —según la Disposición transitoria Sexta— tenía dos años para adaptar la legislación preexistente a los nuevos principios y postulados de la Constitución, especialmente en lo relativo a la promoción de la participación, protagonismo y control popular en la gestión pública. Pero, la ley de partidos políticos de 1965, siendo anti y preconstitucional, sigue vigente al día de hoy.
Con base en el artículo 25 de esta ley, que establece la “renovación” periódica de la nómina de inscritos en los partidos políticos para que éstos mantengan su estatus legal, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emite en cada oportunidad las «normas» que regirán el proceso de dicha “renovación”. Sin embargo, en las «normas» que emitió el año pasado, el CNE impuso nuevos parámetros que extralimitan abusivamente los criterios aplicados hasta entonces, las correspondientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) e incluso la propia ley.
Histórica y legalmente la relación del CNE es con los partidos políticos, y eran cada uno de éstos los que inscribían y registraban a su respectiva militancia, teniendo seis meses para el proceso de “renovación”; pero, en las nuevas «normas» se desnaturaliza esta relación y se reducen sensiblemente los tiempos del proceso, ya que los militantes tienen sólo dos días para registrarse y deben hacerlo directamente ante el CNE, sin que los partidos certifiquen la veracidad de dicha militancia, un hecho que atenta contra los principios orgánicos y de funcionamiento estatutario —especialmente en el caso del PCV que, siendo un partido de cuadros, selecciona quiénes se ganan la condición de militante comunista—, además de que si cientos o miles de personas se inscriben en el CNE como militantes del PCV, sin serlo realmente, de manera automática y constitucional podrán reclamar el derecho de participar en nuestros procesos internos de elección de los organismos de dirección del partido y de selección de candidaturas.
«Hay que tener claro que el problema del poder no se ha resuelto en Venezuela; la clase obrera no se ha hecho con el poder en nuestro país, por lo que la estructura del sistema burgués no ha sido modificada».
Por si fuera poco, otro nuevo parámetro es que el CNE, a través de su portal web, permitirá que cualquiera pueda acceder a los datos de cada persona que se haya registrado y revisar en qué partido se inscribió, lo cual violenta el derecho a resguardar su opción política y debilita el principio del secreto del voto; además de que pondría en riesgo la estabilidad laboral y la seguridad personal tanto de la militancia comunista como la de militantes revolucionarios de otros partidos, ya que la derecha neofascista y la patronal pública o privada —en el Estado burgués que sigue existiendo y en la agudización de la lucha de clases— podrán constituir listas para, hoy o mañana, como ya lo hicieron en el pasado, arremeter en contra de las y los revolucionarios.
Por eso, el PCV, desde que se emitieron estas «normas», el 4 de marzo de 2016, ha expresado y reiterado, de manera pública y privada, que no se someterá a dichos parámetros, por cuanto no sólo exceden el marco legal sino que son inaceptables para la dignidad y seguridad de una organización revolucionaria como es el caso del PCV. El PCV ha tomado esta decisión teniendo clara conciencia de que conllevaría a su ilegalización, pero sabiendo que la responsabilidad recaerá política e históricamente en los Poderes Públicos del Estado.
¿A qué crees que es debido que precisamente se produzca en estos momentos y no con anterioridad? ¿Quizá estamos ante un proceso de agudización de la lucha de clases en el interior del proceso revolucionario venezolano, y la burguesía criolla ve con preocupación a un PCV que va tomando cada vez más presencia y fuerza entre la clase obrera, y a través de su influencia política en el PSUV intentan desactivar al PCV con el objeto de dejar a la clase obrera venezolana sin su principal herramienta de combate hacia el Socialismo?
Es totalmente legítimo preguntarse por qué justo ahora se ejercen estas acciones que golpean y ponen en riesgo la permanencia legal de organizaciones revolucionarias, con medidas jurídicas y normativas que acrecientan las naturales diferencias que hay entre los partidos que hemos impulsado el proceso bolivariano iniciado en 1999. En todo el mundo, incluso los que defienden la sacrosanta “separación de poderes” de las democracias burguesas, saben que detrás de las decisiones de las instituciones de cada Estado hay intereses político-económicos —de diferentes fracciones de la burguesía— que presionan para inclinar la balanza de poder en un sentido o en otro.
Hay que tener claro que el problema del poder no se ha resuelto en Venezuela; la clase obrera no se ha hecho con el poder en nuestro país, por lo que la estructura del sistema burgués no ha sido modificada —una estructura que en nuestro caso se agrava por ser un modelo de capitalismo rentista y dependiente, improductivo, mono-productor y multi-importador, y en consecuencia un Estado altamente ineficiente, corrompido y burocratizado—. El carácter del Estado lo determina la clase que ejerce la hegemonía, no la persona que coyunturalmente ostente la presidencia de la República —por muy buena o revolucionaria que sea esta persona.
Lo que comúnmente se denomina “revolución bolivariana” —con el triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998—, implementó políticas anti-neoliberales pero no tenía un programa anti-capitalista, por lo que estamentos de la pequeña-burguesía vinculados al nuevo gobierno progresivamente fueron desplazando del control de la renta petrolera a los sectores tradiciones de la burguesía venezolana. Y, a partir del 2005, el planteamiento del “socialismo del siglo XXI”, en su ansia de alejarse de las experiencias marxistas-leninistas en la URSS y demás países del campo socialista, se acercó más al “socialismo” socialdemócrata muy del gusto de los reformistas Partidos Socialistas de Europa y Latinoamérica, y al denominado “Estado de bienestar” europeo.
«Tanto los sectores tradicionales de la burguesía venezolana como las nuevas fracciones de la burguesía surgidas al amparo de la “revolución bolivariana” cuentan entre sus enemigos al PCV y, sabiendo que no pueden someternos ni comprarnos, precisan debilitarnos al máximo posible».
La desaparición física de Chávez, en 2013, siendo en quien se concentraba el principal referente de unidad de las muy heterogéneas fuerzas y sectores que activan dentro del proceso bolivariano, y el simultáneo agravamiento de la crisis del modelo de acumulación capitalista en nuestro país que se estaba gestando desde 2008, han provocado una agudización de la lucha de clases, en la que: sectores de la derecha oposicionista han logrado avanzar política y socialmente; fuerzas dentro del Gobierno Nacional se están reacomodando y reposicionando, con creciente influencia de un sector que propugna la conciliación de clases y dispuesto a entregar las conquistas populares; y, las organizaciones genuinamente revolucionarias, comprometidas con la profundización del proceso y la acumulación de fuerzas en la perspectiva socialista, combatimos a la derecha y deslindamos del entreguismo.
Por eso, tanto los sectores tradicionales de la burguesía venezolana como las nuevas fracciones de la burguesía surgidas al amparo de la “revolución bolivariana” —cada uno con sus respectivas expresiones políticas, en partidos de la MUD y en corrientes a lo interno del PSUV, respectivamente—, cuentan entre sus enemigos al PCV y, sabiendo que no pueden someternos ni comprarnos, precisan debilitarnos al máximo posible, intentando que entre la clase obrera y el pueblo trabajador no sigan cobrando fuerza nuestros planteamientos estratégicos de ruptura real con el sistema capitalista y de lucha por una verdadera revolución social.
¿Qué pasos está dando el PCV para enfrentar este ataque, hasta dónde está dispuesto a llegar?
Tenemos claro que esta es una batalla política y políticamente la estamos enfrentando. En primer lugar, reivindicando el derecho legítimo del PCV a continuar librando sus luchas con pleno respeto de sus derechos y garantías constitucionales, ni más ni menos que a cualquier otro partido. También explicando el fondo de las posiciones que hemos asumido, con base en el peligro permanente que se cierne sobre el PCV por ser una organización que nació para derrocar el sistema imperante y construir la nueva sociedad, una tarea que sigue pendiente y para la cual estamos acumulando fuerzas. Además, desnudando los discursos fraudulentos pseudo-revolucionarios que pretenden confundir y paralizar a la clase obrera para que no cumpla su papel histórico a la vanguardia de todo el pueblo en la liberación nacional y social.
Adicionalmente, durante el año pasado se dieron varias reuniones bilaterales con altos funcionarios del Gobierno y reuniones amplias entre representantes de los partidos que impulsamos el proceso bolivariano, incluidos dirigentes del PSUV; en todas ellas expresamos nuestras críticas a las «normas» del CNE para la “renovación” y que era importante que el partido de Gobierno asumiera este planteamiento compartido por los partidos que denomina “aliados”. Sin embargo, este año, mientras algunos dirigentes nacionales del PSUV en reuniones bilaterales nos han expresado “comprensión” sobre el tema, otros dirigentes han declarado públicamente que el proceso del CNE está apegado a derecho y que debe ejecutarse tal como está establecido; por lo que no se ha definido claramente cuál es la posición oficial de su dirección nacional.
Desde el PCV hemos expresado que, en esta ocasión, no sólo tenemos de nuestro lado los principios de la justicia, sino que esta batalla y nuestros planteamientos también tienen sustento legal, por lo que recurrimos ante el CNE, el 10 de junio de 2016, con una comunicación en la que detallamos nuestras observaciones y propuestas a las «normas» sobre la “renovación” planteada, pero hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta, lo cual —además de ser violatorio de las disposiciones constitucionales y legales que obligan a las instituciones del Estado a responder oportunamente— demuestra que el Poder Electoral no ha tenido la voluntad política para evitar el escalamiento de esta situación.
Ante la falta de respuesta del ente electoral y el anuncio de que el proceso de “renovación” se llevaría a cabo sin modificar los nuevos parámetros impuestos en la «norma» del CNE, el pasado 16 de febrero el PCV introdujo en la Sala Constitucional del TSJ un recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 25 de la ley de partidos políticos, con solicitud de medidas cautelares para que se suspenda preventivamente el proceso de “renovación”; sin embargo, dicho proceso inició el 4 de marzo sin que el TSJ se pronunciara sobre las medidas cautelares y hasta hoy no ha resuelto sobre el fondo del recurso.
Según el cronograma para la “renovación”, al PCV le corresponde el próximo 6 y 7 de mayo. El Comité Central de nuestro partido ha dicho claramente que el PCV no participará de ese proceso por las razones ya señaladas, entendiéndose que no reconocerá como militante del PCV a ninguna persona que se registre esos días. El CNE ha expresado que el partido que no se “renueve” en ese proceso será “cancelado” —que es el término empleado por la ley—, por ende, perderá su estatus legal y su personalidad jurídica, con todas las implicaciones que esto conlleva. Entre el 27 de junio y el 8 de julio, el CNE dará a conocer su informe final sobre este proceso.
Por la dignidad y seguridad del PCV y de la militancia revolucionaria, con la tranquilidad de saber que estamos levantando principios justos y que la legitimidad nos la dan nuestra historia, nuestra lucha y el pueblo trabajador, estamos dispuestos a asumir esta nueva ilegalización.
El PCV ya recibió un ataque importante hace años cuando se le planteó su disolución dentro de las filas del PSUV. Ataque ante el que se supo estar a la altura histórica evitando la desaparición del Partido. ¿Existen enemigos del PCV en el Gobierno Bolivariano o con influencia muy directa en el mismo?
Sí, dentro del Gobierno Nacional hay corrientes de derecha y reformistas —socialdemócratas y socialcristianas—, con mucho poder e influencia, que naturalmente tienen como sus enemigos al PCV y a las fuerzas genuinamente revolucionarias, porque representamos valores, principios y propuestas que son antagónicos con sus intereses de clase y sus concepciones político-ideológicas. Esto no quiere decir que combatir al PCV sea una política “oficial” desde el Gobierno, sino que corrobora la realidad de que la lucha de clases también tiene su expresión a lo interno de las fuerzas del proceso bolivariano, cuyo desenlace y la correspondiente orientación que finalmente tome dependerá de qué fuerzas logren imponerse.
En diversas ocasiones, de distintas maneras, el PCV ha tenido que librar duras batallas frente a los intentos de desaparecerlo. Las experiencias acumuladas a lo largo de 170 años del movimiento comunista internacional, las consecuencias devenidas de Partidos Comunistas que se diluyeron en estructuras “amplias”, nuestra propia historia y la claridad de que la clase obrera requiere tener su instrumento orgánico propio —con fisonomía diferenciada y un programa nítida e inconfundiblemente marxista-leninista— para librar victoriosamente la lucha de clases, nos han persuadido de que la existencia del Partido Comunista es una necesidad histórica, que sólo será superada en la misma medida en que se vayan alcanzando los objetivos por los cuales existe, y no antes. Por lo que el planteamiento de la disolución del Partido revolucionario de la clase obrera, quiérase o no, aporta y fortalece las posiciones contrarrevolucionarias y debilita las luchas por los intereses del proletariado y el pueblo trabajador.
En diciembre de 2006, Hugo Chávez, menos de dos semanas tras la reelección presidencial en la que se evidenció que estaba en lo más alto de su popularidad y de su influencia de masas, planteó la constitución del “partido único” al que debían integrarse todos los partidos del proceso bolivariano. El PCV inició un descarnado debate interno que culminó con la realización de nuestro 13º Congreso (Extraordinario), el 3 y 4 de marzo de 2007, en el que no sólo resolvimos no disolvernos en una organización policlasista, sin ideología ni formas de organización definidas y sin un claro programa socialista-científico, sino que, además, establecimos las características que debe tener el partido de la revolución venezolana y, autocríticamente, reconocimos que nosotros todavía no cumplíamos con esas características, pero que, por la ideología de vanguardia que sustentamos y las normas leninistas de organización que tenemos, éramos el partido que más se acercaba a dichas características.
En su momento, nuestra decisión no fue suficientemente entendida por muchos sectores amigos en Venezuela y el mundo, e incluso sufrimos desprendimientos tanto de camaradas honestos y valiosos como de individuos que se plegaron a una política divisionista y fraccional para hacer implosionar al PCV. Con valentía y firmeza sobrevivimos a esos ataques injustos y a esa política errada, y hoy es cada vez más difícil encontrar a alguien que no reconozca que nuestra posición fue la correcta.
A través de Tribuna Popular vemos que está habiendo avances en materia sindical a través de la Corriente Clasista «Cruz Villegas», ¿qué es esta corriente y cuál es la situación del movimiento obrero y sindical en Venezuela ahora mismo?
En el PCV sabemos que la revolución no la hará el partido solo, sino que se precisa de un amplio, consciente, organizado y unitario movimiento de masas, que identifique su lugar dentro de las relaciones de producción en el sistema capitalista, sus intereses en la superación revolucionaria de este sistema y lo que debe ser su papel protagónico en la toma del poder y en la construcción de la nueva sociedad.
Este movimiento de masas debe tener una clara orientación de clase, para no perderse en el laberinto diversionista que propugnan la pequeña burguesía y las capas medias, o en los “nuevos” intentos de desclasar el sujeto histórico de la revolución transfiriendo este papel a “las multitudes” o “las comunidades”.
«El sindicalismo clasista en Venezuela está sufriendo un sensible incremento en las arremetidas por parte de la patronal, tanto la estatal como la privada, con complicidad de la institucionalidad dependiente del Ministerio del Trabajo».
Por eso, un eje central del accionar ideopolítico y organizativo del PCV está dirigido privilegiadamente hacia la clase obrera y, con mayor amplitud, hacia las y los trabajadores de la ciudad y el campo. Esta labor la llevamos a cabo de manera dirigida a través de los organismos de base del partido, las Células; pero también mediante frentes de masas, como la Corriente Clasista «Cruz Villegas», donde trabajadores y trabajadoras que van adquiriendo conciencia de clase —militantes o no de algún otro partido—, se agrupan y activan con militantes comunistas por empresa o rama de producción de bienes y servicios, con el objetivo de fortalecer el movimiento obrero y sindical clasista revolucionario, promover la democracia sindical y luchar por un nuevo modelo de gestión de los procesos productivos, basado en el control obrero-popular.
En los últimos tres años se ha avanzado mucho en estas tareas, especialmente a partir de la constitución del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), donde —además de la Corriente «Cruz Villegas»— están decenas de sindicatos, delegados de prevención y movimientos clasistas de trabajadores, de empresas públicas y privadas, ganando conciencias en la misión de que se asuman como «clase para sí».
Hoy son particularmente importantes estas banderas y estas iniciativas, por cuanto el sindicalismo clasista está sufriendo un sensible incremento en las arremetidas por parte de la patronal, tanto la estatal como la privada, con complicidad de la institucionalidad dependiente del Ministerio del Trabajo, haciéndose prevalecer los intereses del capital con políticas anti-obreras y anti-sindicales en desmedro del pueblo trabajador. Esta política se expresa en despidos masivos, que violan la inamovilidad laboral y los fueros sindicales y maternales; trabas burocráticas a la constitución de sindicatos clasistas y al procesamiento de huelgas; negación de Inspectorías y Tribunales del Trabajo a recibir o tramitar denuncias de trabajadores; incumplimiento de providencias administrativas de reenganche; y uso de fuerzas policiales para amedrentar y hostigar a dirigentes clasistas. Además, se está consolidando una peligrosa tendencia a la desvalorización de la fuerza de trabajo, a través de una creciente bonificación del ingreso de las y los trabajadores —ya que hoy sólo el 27,34% del ingreso mínimo tiene incidencia en vacaciones, utilidades, prestaciones sociales, caja de ahorros, fondo habitacional y de jubilación—, lo cual perjudica el patrimonio familiar a futuro del trabajador, incrementa los márgenes de ganancia del capital y abarata los despidos.
En febrero decían altos responsables del PCV que «no hay verdadera democracia con la burguesía en el poder». ¿Puedes ampliar este argumento dadas las actuales condiciones de tu país? ¿Y en relación a otros procesos que se están dando en América Latina?
[Como explicamos anteriormente, en Venezuela todavía tenemos un Estado burgués y, por ende, un sistema capitalista, es decir que la clase que ejerce la hegemonía en nuestro país es la burguesía. Como marxistas-leninistas, entendemos que hasta la más “democrática” de las democracias burguesas viene a significar siempre la dictadura de la burguesía, por lo que jamás podrá haber verdadera democracia —entendida como poder del pueblo— mientras sea la clase de los privilegiados y los explotadores la que ostente el poder.
«Desde el PCV planteamos la necesidad de una gran ofensiva genuinamente revolucionaria, que clarifique los aportes, el alcance y los límites de estos procesos reformistas-progresistas de los últimos tres lustros en Latinoamérica y de sus dirigentes».
Los Estados, como formación político-jurídica surgida en el desarrollo de las sociedades divididas en clases, constituyen el complejo de mecanismos para la dominación de la clase hegemónica por sobre las demás clases y capas sociales y sobre el conjunto de la sociedad. Desde el surgimiento de los Estados capitalistas, la lucha de la clase obrera y de los pueblos les ha arrancado múltiples reivindicaciones y derechos, pero cuando se trata de sus principales privilegios de clase —la propiedad privada y «la explotación del hombre por el hombre»— los defiende a sangre y fuego.
Esto es una verdad en nuestro país y en todo el mundo. Y esta realidad no solamente no ha sido modificada por los procesos reformistas-progresistas de los últimos tres lustros en Latinoamérica, sino que su devenir la ha corroborado. Varios de estos «procesos» se han autodenominado “revolución”, como en el caso de Venezuela, implementando importantes reformas, programas y políticas sociales en beneficio de las grandes mayorías históricamente excluidas, pero van llegando a su techo, al límite que les permite el propio sistema, en la medida de que no se propusieron ni maduraron hacia el objetivo de cambiar revolucionariamente las relaciones de producción capitalistas, desaprovechando un tremendo acumulado de ansia popular que ya se está convirtiendo en decepción, frustración y desmotivación, además de —en casos como el venezolano— un gran desprestigio hacia términos como «revolución» y «socialismo», cuando lo que está en crisis es el modelo de acumulación capitalista rentista y dependiente.
Desde el PCV planteamos la necesidad de una gran ofensiva genuinamente revolucionaria, que clarifique los aportes, el alcance y los límites de estos procesos y sus dirigentes, para superar la actual desmoralización de nuestros pueblos y abrazar la propuesta de la verdadera revolución proletaria y popular, que extirpe de raíz la causa profunda de todos los males que sufrimos: el sistema capitalista, sus valores e instituciones.
¿Existe riesgo de marcha atrás en los avances sociales que se han producido en los años de gobierno del PSUV? ¿Cuáles serían las causas en caso afirmativo?
No sólo hay riesgo real de marcha atrás, sino que durante los últimos años se han incrementado un conjunto de políticas que están revirtiendo conquistas populares alcanzadas por nuestro pueblo históricamente y a lo largo del proceso bolivariano.
Ya mencionamos aspectos que tienen que ver con políticas laborales que están afectando al pueblo trabajador, que vulneran la legislación vigente y que golpean derechos logrados desde hace más de siete décadas y avances generados en lo que va de este siglo. Algunas de estas políticas están impactando también negativamente, por ejemplo, en la red pública de distribución de alimentos, llámese Abastos Bicentenario, Mercal o Pdval, ya que junto con despidos masivos se están cerrando muchos de estos establecimientos, lo cual beneficia a los monopolios privados de supermercados e hipermercados y a las redes de corrupción que desvían y contrabandean productos de primera necesidad. Esta situación ha sido reiteradamente advertida por nosotros y el FNLCT a diferentes instancias del Gobierno, sin que se hayan producido respuestas efectivas o satisfactorias.
Además, lejos de tomar en cuenta propuestas hechas por el PCV y otros sectores, referidas a proteger y optimizar las muy disminuidas divisas que entran al país producto de la exportación petrolera —y que sirven para importar la gran mayoría de lo que consumimos y la casi totalidad de materias primas, insumos, maquinarias y productos elaborados—, el Ejecutivo Nacional continúa entregando al capital privado un alto porcentaje de estas divisas, a pesar de que se ha corroborado que una parte importante terminan fugándolas del país. Esto está incidiendo en la disminución de la capacidad de abastecimiento de alimentos, productos de higiene y medicinas por parte de nuestro pueblo; en el debilitamiento de estructuras de atención primaria pública de salud como Barrio Adentro; y, en las dificultades para reactivar lo poco de aparato productivo que tenemos.
Otro caso llamativo es el referido a la reprivatización de servicios de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), cuyo presidente —ratificado a finales de enero de este año— ha expresado públicamente la necesidad de retornarle al capital privado áreas de actividad que fueron nacionalizadas por el presidente Chávez hace ocho años para combatir la tercerización, y desde el año pasado comenzó a materializar esta política en la zona del Lago de Maracaibo y en la Faja del Orinoco.
La causa de todo esto radica, fundamentalmente, en la ausencia de una dirección política revolucionaria, que impulse un programa coherente, científico y sustentado en la realidad, que planifique y promueva el desarrollo de las fuerzas productivas a través del fortalecimiento manufacturero y agroindustrial a gran escala, con una política económica que tenga como objetivo la soberanía productiva. La ausencia de esta dirección y de este programa —sumado a que la clase obrera y las fuerzas revolucionarias no hemos podido todavía acumular suficiente fuerza para inclinar la balanza en un sentido genuinamente socialista—, han facilitado el posicionamiento preeminente de una corriente reformista de derecha a lo interno de instituciones civiles y militares, que ha pasado a engrosar la burguesía criolla y que está dispuesta a entregar conquistas populares y a conciliar con la derecha en la oposición para preservar los privilegios a los que ya se acostumbró.
Muchas gracias por tus respuestas, que sin duda contribuyen a que nuestros lectores y lectoras tengan más elementos de análisis de la realidad venezolana en particular y de América Latina en general.
Estamos muy agradecidos con Bonjour Karl por esta oportunidad y por las reiteradas expresiones de solidaridad que nos manifestado. Les deseamos los mayores éxitos en la importante tarea que están llevando a cabo y confiamos en que puedan sortear los obstáculos que el sistema imperialista impone a través de sus múltiples herramientas de transculturización y de desinformación.
A ustedes, al proletariado internacional y a todas y todos quienes en el mundo sienten suya la lucha que modestamente libramos desde el PCV en este rincón del planeta, vaya nuestro saludo y el compromiso de que, en cualquier circunstancia, en legalidad o ilegalidad, podrán contar con nosotros y con que no desmayaremos en este combate por nuestro pueblo y la humanidad toda.
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