EL PROBLEMA DEL PODER NO SE HA RESUELTO EN VENEZUELA

«Hay que tener claro que el problema del poder no se ha resuelto en Venezuela; la clase obrera no se ha hecho con el poder en nuestro país, por lo que la estructura del sistema burgués no ha sido modificada». señala en entrevista para "Bonjour Karl"" Carlos Aquino, dirigente nacional del Partido Comunista de Venezuela-PCV y Director de Tribuna Popular

Por: Redacción BK.- 

Bonjour Karl inaugura su sección de entrevistas con un invitado de altura, hablamos de Carlos Aquino, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y director de Tribuna Popular, órgano de prensa del Comité Central del PCV.

Lo hacemos además con la vista en los acontecimientos que en el último periodo se están produciendo en América Latina, donde parece asentarse un periodo de retroceso de los gobiernos progresistas y bolivarianos. Un escenario digno de analizar y al que últimamente se incorporan elementos políticos como que en la propia Venezuela los comunistas sufren la amenaza de ilegalización.

Saludamos pues a Carlos Aquino, al que antes de nada quisiéramos por una parte agradecer el habernos hecho un hueco es su apretada agenda para poder contestar a nuestras preguntas, y por otra mostrar nuestra solidaridad y aliento ante los importantes retos que en lo más próximo tiene que afrontar el PCV. Estamos seguros que todos ellos serán cubiertos con éxito.

Para empezar esta entrevista nos gustaría conocer, desde la preocupación que nos merece, ¿en qué consiste el proceso de ilegalización que se cierne sobre el Partido Comunista de Venezuela (PCV)?

En primer lugar, queremos saludar la iniciativa que significa Bonjour Karl, en el marco de la tan necesaria contraofensiva político-ideológica que debemos impulsar desde consecuentes posiciones clasistas revolucionarias, con las vigentes banderas del marxismo-leninismo y por el triunfo de la revolución proletaria y popular. Asimismo, agradecerles la manifiesta solidaridad para con el PCV, entendiéndola como expresión del internacionalismo proletario —que es una de las armas fundamentales con las que contamos para derrotar a la burguesía y al capital transnacional.

En segundo lugar, efectivamente, hoy el PCV está en peligro real de ser ilegalizado por cuarta vez en sus 86 años de lucha. Es de recordar que un tercio de nuestra vida hemos estado ilegalizados por disposiciones político-jurídicas del Estado burgués: de 1931 a 1945, por la Constitución de la tiranía gomecista; de 1950 a 1958, por decreto de la dictadura militar perezjimenista; y, de 1962 a 1969, por decreto del régimen policial betancourista.

Durante este último periodo señalado —en el que libramos una lucha armada contra el régimen pro-imperialista y antipopular que imperaba en Venezuela—, se produjo la gran mayoría de los más de diez mil crímenes de Estado registrados de 1958 a 1998 contra los comunistas y el movimiento popular, mediante desapariciones forzadas, torturas y asesinatos masivos y selectivos.

En este contexto se promulgó, en 1965, la Ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones, como mecanismo restrictivo de control a los partidos de izquierda y movimientos revolucionarios.

Tras la aprobación de la Constitución de 1999, el ordenamiento jurídico mantendría su vigencia en todo lo que no contradijera a la Carta Magna —según la Disposición derogatoria—, y el parlamento nacional —según la Disposición transitoria Sexta— tenía dos años para adaptar la legislación preexistente a los nuevos principios y postulados de la Constitución, especialmente en lo relativo a la promoción de la participación, protagonismo y control popular en la gestión pública. Pero, la ley de partidos políticos de 1965, siendo anti y preconstitucional, sigue vigente al día de hoy.

Con base en el artículo 25 de esta ley, que establece la “renovación” periódica de la nómina de inscritos en los partidos políticos para que éstos mantengan su estatus legal, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emite en cada oportunidad las «normas» que regirán el proceso de dicha “renovación”. Sin embargo, en las «normas» que emitió el año pasado, el CNE impuso nuevos parámetros que extralimitan abusivamente los criterios aplicados hasta entonces, las correspondientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) e incluso la propia ley.