o General del Sindcato Mitsubishi
La toma continúa hasta castigar a los responsables
Muertes de trabajadores en Anzoátegui debe ser castigada
Todo esto forma parte de una tendencia a criminalizar las luchas obreras que vienen imponiendo sectores del aparato del Estado, en el sector judicial y en organismos de seguridad que permanecen controlados por los intereses patronales y transnacionales.
Puerto La Cruz, 31 ene. Tribuna Popular TP.- En la tarde del miércoles 29 de enero dos trabajadores resultaron muertos por la policía del estado Anzoátegui. Pedro Suarez, trabajador de Mitsubishi, y José Marcano, trabajador de la empresa autopartista Macusa fueron asesinados cuando la policía del Estado Anzoátegui trataba de desalojar a cientos de trabajadores que habían ocupado la planta de Mitsubishi (MMC).
El brutal ataque de la policía de Anzoátegui se produjo a petición de una Orden de Desalojo expedida por las juezas, Diana Vásquez (Juez II de Ejecución) y Lourdes Villarroel (Juez II de Ejecución). Los trabajadores se negaron y la policía procedió a disparar sus armas de fuego, matando a los dos trabajadores y dejando a otros heridos.
Sólo la llegada de la Guardia Nacional detuvo el ataque de la policía contra los trabajadores, a pesar de ello, los trabajadores siguieron dentro de la planta, pero las juezas insistieron en ejecutar la orden.
A pesar que el gobernador del Estado, Tarek William Saab, condenó los hechos, calificando el accionar de la policía como “injustificado”, no cabe duda que tiene algún nivel de responsabilidad, ya que la policía de Anzoátegui, bajo su control, ya tuvo una actuación represiva el año pasado cuando atacaron a los trabajadores petroleros en lucha por su contratación colectiva.
A pesar de cuatro años de gobierno de Tarek, la policía aún no ha sido depurada de estos criminales elementos, sigue siendo la misma que operaba antes de la revolución, señalan las opiniones de los trabajadores en el Estado.
El gobernador Tarek William Saab y el gobierno del presidente Chávez deben de abrir inmediatamente una investigación para castigar ejemplarmente a estos criminales que están enquistados en los cuerpos policiales y que mantienen su accionar cuartorepublicanos contra los trabajadores. “Depurar a la policía y llevar a los responsables de este brutal asesinato a juicio”, exigen los trabajadores.
El crimen contra los dos trabajadores y la represión ejercida se dio con la presencia en el terreno de las dos juezas, "Porque ellas habían instalado sus tribunales en el lugar de los hechos. La policía fue como acompañante de las jueces en este caso", indicó el gobernador el día de ayer.
El gobernador, Tarek William Saab, repudió la actuación tanto de policías como de las dos juezas que intervinieron en la medida judicial de desalojo de los trabajadores en la empresa Mitsubishi, ubicada en la zona industrial Los Montones de Barcelona, hecho que suscitó la muerte de dos trabajadores y heridas graves a otro asalariado.
Las declaraciones del primer mandatario regional las realizó a la estación regional Televisora de Oriente (TVO), donde solicitó además, en forma fraterna, pero enfática y contundente, que el poder judicial de Anzoátegui suspenda de sus cargos a las magistradas Diana Vásquez y Lourdes Villarroel, de gran responsabilidad en los lamentables y criminales hechos.
Recalcó Tarek que la severa critica que realiza es a las jueces porque "al saber ellas que existían víctimas fatales, por parte de los trabajadores de la Mitsubishi, que cayeron muertos en ese lugar, estas jueces pretendían a la fuerza iniciar el decreto de desalojo de los trabajadores, a sabiendas de que ya habían fallecidos en el lugar".
El Gobernador informó que ha puesto a la orden del Ministerio Público, y ha suspendido de sus cargos a los funcionarios policiales que estuvieron implicados en estos hechos y espera que en similar dirección actúe el poder judicial de Anzoátegui en lo que respecta a las dos jueces.
Precisó que, en relación a los policías, ha girado instrucciones claras y precisas que establecen que, cualquier violación a las jerarquías constitucionales establecidas, serán severamente castigadas por los tribunales competentes.
"Yo no voy permitir, actuaciones represivas que atenten contra los derechos humanos por lo cual todavía luchamos en nuestra policía", completó.
Añadió que si aparece involucrado algún funcionario policial en estos hechos, una vez que las experticias del CICPC culminen, "no solamente serán sancionados individualmente los que hayan aparecidos en la comisión de hechos punibles, sino que los funcionarios que allí actuaron, incluyendo los dos comisarios y los dos subinspectores que allí estuvieron presentes, porque como jefes de estos funcionarios policiales, saben que existen órdenes emitidas por el ciudadano gobernador que prohíbe armas de fuego".
Si ellos no pudieron controlar a sus subordinados en estos hechos, ellos no pueden estar en nuestra policía, y serán destituidos luego de que se les haga un procedimiento de carácter administrativo. Esta es una posición muy firme que tiene el gobernador del estado Anzoátegui, Tarek William Saab, en torno a estos hechos", criticó.
Voceros de los trabajadores de la planta MMC Automotriz SA (Mitsubishi), consideran que la muerte de dos trabajadores a balazos, por disparos de la Policía del Estado Anzoátegui, es producto de una acción patronal-judicial-policial premeditada. Para ellos, forma parte de una atendencia a la criminalización de las luchas obreras que vienen imponiendo sectores del aparato del Estado, en el sector judicial y en organismos de seguridad que permanecen controlados por los intereses patronales y transnacionales.
El Secretario General del sindicato de MMC Automotriz, Félix Martínez, expresó que la actuación policial les parece expresamente dirigida a conseguir el desalojo de las instalaciones de la empresa a cualquier costo, tal como lo habría afirmado la Juez de Ejecución Diana Vásquez, encargada de aplicar la medida. Ese “costo” incluyó la muerte de los dos obreros y varios heridos por armas de fuego, en lugar de emplear el diálogo u otras vías de solución que hubieran evitado el derramamiento de sangre. Uno de los heridos, de nombre Alexander García, recibió un impacto en el pecho.
La cantidad de cartuchos descargados por armas policiales, recogidos por los trabajadores, es “impresionante”, según el directivo sindical. Señaló que los trabajadores simplemente se resistieron a ser desalojados y recibieron una respuesta claramente desproporcionada, comparable a una operación de “sicariato” al servicio de la transnacional.
La acción de desalojo, fue ordenada por el Juez de Primera Instancia Henry Gavián Dietrich y el procedimiento quedó a cargo de la juez mencionada, con la utilización de policías comandados por el comisario Manuel Ortíz.
El dirigente sindical Félix Martínez, reportó los antecedentes del conflicto laboral, que abarca a la MMC Automotriz (Mitsubishi) y a una de sus contratistas de autopartes (asientos) de nombre Macusa. Ciento treinta y cinco trabajadores de esta contratista fueron despedidos, a pesar de la inamovilidad laboral. La Mitsubishi no reconoce la relación laboral con este personal tercerizado.
El sindicato dice que las autoridades del trabajo en Anzoátegui no daban solución a este y a otros casos y por eso los trabajadores resolvieron la toma de la planta, con la intención de obligar a la aceptación del diálogo.
Se quejan de que la empresa viola sistemáticamente la convención colectiva y de que hay trabajadores con enfermedades laborales músculo-esqueléticas, porque no se cumplen las normas de seguridad, higiene y salud laboral, pues la empresa no quiere invertir en la prevención de las enfermedades provocadas por el tipo de trabajo que se realiza.
A pesar de la brutal y criminal acción policial, la patronal y sus agentes judiciales y represivos no lograron desalojar a los trabajadores, que enfurecidos e indignados por el asesinato de sus compañeros, ahora permanecen más aferrados a su puesto de lucha. Por ahora dicen que la policía se retiró a cierta distancia y la planta está rodeada por trabajadores de esa y otras empresas, así como por gente de las comunidades vecinas y Consejos Comunales que apoyan solidariamente a los trabajadores.
La dirigencia sindical asegura que los trabajadores no abandonarán la toma hasta que se dé con los culpables y se haga justicia, exigiendo, además que la empresa dé muestras de su disposición a buscar una solución a los reclamos de los trabajadores y su sindicato. Hacen un llamado a todos los dirigentes del movimiento obrero de Anzoátegui y del país para movilizarse con el objeto de darle un “parao” a los asesinatos de luchadores sindicales. Exigen que se intervenga a la policía de Anzoátegui.
Fuente: Tribuna Popular TP, Diario Digital del Partido Comunista de Venezuela PCV
Edita: PrensaPopularSolidaria ComunistasMiranda
http://prensapopular-comunistasmiranda.blogspot.com
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