PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA RECHAZA GESTION DE EMPRESAS MIXTAS EN ACTIVIDADES PETROLERAS

Es un problema del ejercicio pleno de la soberanía sobre nuestro principal recurso

“Nosotros consideramos que es innecesario, esa actividad debe ser exclusiva del Estado y no constituye ninguna ventaja que esa actividad sea cedida al sector privado”.

Caracas, 11 may. 2009, Tribuna Popular TP.- El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) manifestó su apoyo a la Ley Orgánica que Reserva al Estado los Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, pero rechazó que esta gestión se realice a través de Empresas Mixtas. Así lo manifestó, Douglas Gómez, miembro del Buró Político de la tolda.

Reivindicación histórica del Partido Comunista de Venezuela planteada en su Primer Manifiesto

Para el PCV, el contenido general de la Ley, es una reivindicación histórica de los comunistas y la clase obrera venezolana, manifestada en el primer Manifiesto realizado en el año 1931 y que fue parte de las demandas de los trabajadores petroleros en las huelgas del 36 y 50. Asimismo, este planteamiento está contenido en el Programa del Partido Comunista de Venezuela aprobado en el VI Congreso en el año 1980.

“La industria petrolera debe constituir la columna vertebral para el desarrollo independiente e integral de nuestro país”, enfatizó Gómez, quien es Diputado a la Asamblea Nacional por el PCV, miembro de la Comisión de Energía y Minas.

Dos Observaciones del Partido Comunista de Venezuela

El Partido Comunista manifestó dos observaciones de fondo a la Ley aprobada. Una tiene que ver con el ejercicio pleno de la soberanía sobre el principal recurso del país, por ello rechazó que quede abierta la posibilidad de gestión entre PDVSA y empresas mixtas, ya que estaría entregando al sector privado parte del control y producción de nuestra energía.

“Nosotros consideramos que es innecesario, esa actividad debe ser exclusiva del Estado y no constituye ninguna ventaja que esa actividad sea cedida al sector privado”, señaló el dirigente.

Se Debe Garantizar Plenamente los Derechos de los Trabajadores, sin ambiguedades, y no Condicionarlos

La segunda observación y preocupación que tiene el PCV con el texto de la Ley, es en relación con el Artículo 10º de dicho cuerpo legal, en el que señala que “los derechos laborales de los trabajadores podrán ser cancelados por el Estado”.

Para el PCV la palabra “podrán” es una ambigüedad que deja abierta la posibilidad de que a las y los trabajadores no se les cancelen los recursos a que tienen derecho por Ley. Al respecto, Douglas Gómez señaló “Creemos que se debe precisar, con la mayor nitidez posible, que esos beneficios deben ser cancelados por el Estado, a través de la Contratación Colectiva”, dijo.

En esa línea de ideas, el Partido del “Gallo Rojo” hizo un llamado a las y los trabajadores a exigir el respeto y exigencia a sus derechos laborales. “Hacemos un llamado para que desde este momento, se apele a los mecanismos organizativos de los trabajadores y de movilización para garantizar ese justo derecho”, señaló.

Fuente: Tribuna Popular/ Edita: PrensaPopularSolidaria_ComunistasMiranda

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BOLKESTEIN.. EL REGRESO

Por Fréderic Durand/

Durante una conferencia de prensa, los eurodiputados Francis Wurtz, Patrick Le Hyaric y Raquel Garrido han querido « sacar a la luz » el peligro de una desregulación inminente de los servicios sociales en Europa.

Tras el sector de la energía, la telefonía, los servicios postales o los transportes, ¿ha llegado el turno a los servicios sociales de plegarse a las reglas de la competitividad decretadas por Bruselas ? Las declaraciones de la Comisión Europea no cesan de preocupar a las asociaciones y ONG concernidas. Hay que tener en cuenta que la voracidad del sector privado continúa insatisfecha después de la retirada, en 2006, de los servicios sociales de interés general (SSIG) del marco de aplicación de la Directiva Bolkestein, que pretende liberalizar el sector de los servicios.

Un sector que absorbe alrededor de 140.000 millones de euros al año y que la Comisión no se decide a dejar exclusivamente en manos de los gestores públicos. « Conviene recordar, en ese contexto, que los servicios excluidos del campo de aplicación de la directiva relativa a los servicios en el mercado interior, seguirán dependiendo de esas reglas y principios », ha corregido después la Comisión apoyándose en los artículos 43 al 49 del tratado actual, íntegramente recuperado por el Tratado de Lisboa.

En otras palabras, los servicios sociales deberán pasar por el aro de la competitividad, con el riesgo de mercantilizar un sector que la crisis vuelve cada día más sensible.

« Un dossier potencialmente explosivo », según Francis Wurtz, eurodiputado comunista que mantuvo ayer una conferencia de prensa sobre la cuestión, junto con Patrick Le Hyaric y Raquel Garrido, que lideran la lista del Frente de Izquierda en las elecciones europeas.

Según Francis Wurtz, es necesario que dicho dossier, « al que tanto la Comisión europea como el Consejo van dando largas desde hace varios años a pesar de la insistencia de las organizaciones sindicales y las ONG concernidas, se ponga actualmente sobre la mesa »

La obsesión de la Comisión de liberalizar el sector social, en nombre de los tratados comunitarios y a pesar del rechazo de esta disposición por el Parlamento, tiene efectos concretos. Así, el diputado comunista cita el caso de cierto organismo público de vivienda en los Países Bajos que se ha visto condenado por el Tribunal de Justicia Europeo debido a un « error manifiesto de servicio público ». La cooperativa de viviendas holandesa ha sido acusada de competencia desleal con respecto al sector privado porque sus prestaciones no se dirigen exclusivamente a los más necesitados e incluyen también viviendas para un público más acomodado. Sin embargo es el único medio de que dispone para evitar la construcción de guetos y promover la integración social.

Aunque considera necesaria una revisión profunda de los tratados comunitarios, Francis Wurtz juzga « imposible permanecer de brazos cruzados. Es necesaria una directiva que reconozca plenamente las características específicas de los servicios sociales. Se trata de una actividad de servicio público, no de una actividad comercial », insiste el presidente de la Izquierda Unida Europea (GUE-GVN). « Si nos responden que esta directiva, destinada a proteger de la competitividad las actividades sociales, no se puede adoptar porque estaría en contradicción con los tratados, pues bien, ésta será la oportunidad para abrir un gran debate sobre los tratados comunitarios actuales » explicó. Mientras que la campaña de las elecciones europeas acaba de empezar, « la bomba retardada de los servicios sociales » puede encontrar un lugar privilegiado en el debate.

Fuente::HUMANITÉ DIMANCHE /BELLACIAO.ORG/

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