EL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE ANTE LA CREACION DEL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS

El Partido Comunista de Chile, reafirma su opinión en relación al proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Partido Comunista de Chile

PRIMERO : El Partido Comunista ha demostrado por largos años su consecuencia apoyando con fuerza el reclamo social para que el Estado asuma a plenitud las responsabilidades que le corresponde en cuanto al establecimiento de la verdad histórica, al juzgamiento de los culpables de delitos de lesa humanidad, a la protección permanente de los derechos de la persona humana y a la reparación justa a las víctimas. Desentenderse de esta responsabilidad contribuye a la impunidad y al olvido.

Por consiguiente, somos partícipes de la idea de que el Estado instituya las formas concretas para cumplir dicho papel, sin que ello menoscabe ni en lo más mínimo el papel protagónico de la lucha del pueblo por sus derechos, la movilización social y en particular la acción de las organizaciones de derechos humanos y las agrupaciones de víctimas y de familiares de las víctimas.

SEGUNDO : Dicho lo anterior, los comunistas chilenos señalamos que ese propósito no lo cumple el actual proyecto sobre creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al cual nos oponemos por poderosas razones. Desde luego porque es inaceptable que el proyecto entienda que los derechos humanos se reducen sólo a aquellos reconocidos por los tratados internacionales ratificados por los órganos competentes de nuestro país, en circunstancias que la propia Corte Suprema de Chile ha sostenido que son derechos humanos también aquellos contenidos en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en los llamados principios generales del Derecho Internacional y en el Derecho Humanitario Internacional.

El proyecto no reconoce facultades al Estado para intervenir activamente en el juzgamiento de los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes de la dictadura militar. Tal pasividad llevó a decir con razón al fallecido parlamentario socialista, compañero Juan Bustos, que un instituto así sería una suerte de museo. Y en cuanto a las facultades persecutorias hacia el futuro, el proyecto excluye la tortura y la prisión ilegal, lo que es inaceptable.

Esta no es sólo opinión de los comunistas. Así por ejemplo, el Informe Anual de DDHH elaborado por la Universidad Diego Portales, señala

“…el Instituto carecerá de legitimación activa en materia de derechos económicos, sociales y culturales, su aprobación en nada atenuará los graves problemas de acceso a la justicia tratándose de derechos que no son de naturaleza civil y política, como los de los pueblos indígenas.”

De modo similar opinan las agrupaciones de familiares de las víctimas y entidades de DDHH.El proyecto debe asegurar además la continuidad y ampliación del Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior, institucionalizándolo plenamente y eliminando sus actuales limitaciones. Ello no está contemplado en la propuesta pendiente en el Congreso. En estricto rigor, el proyecto más que crear un Instituto crea una institucionalidad en materia de derechos humanos. Una Presidencia, un Consejo y una Asamblea General de socios constituída por los diversos organismos de DDHH que se inscriban en los registros del Instituto. Esto no es sino un intento de cooptación del movimiento social por un órgano del Estado, lo que no aceptaremos.

De otra parte, la propia integración del Consejo que contiene el proyecto no asegura su debida independencia y autonomía.

TERCERO : Al mismo tiempo, el Partido reitera la justeza de la lucha por lograr una adecuada reparación material a las víctimas de la tortura, de la prisión política, del exilio y del destierro, así como a los familiares de las víctimas, se trate de detenidos desaparecidos o de ejecutados por la dictadura. Debe abrirse paso cuanto antes a la reapertura de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura.

La política correcta en esta materia es la exigencia de un órgano del Estado que se avoque a la calificación permanente de victimas de violaciones de derechos humanos de la dictadura militar, primordialmente, victimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y privación ilegitima de libertad, y que reciba las denuncias por errores en la calificación.

Las reparaciones que exigimos son una obligación imperativa del Estado que tiene su origen en la ley, en los tratados internacionales y en la ética y la moral y por tanto no son materias que puedan ser tranzadas por eventuales apoyos a un proyecto que en lo esencial no satisface los legítimos anhelos de los tan cruelmente atropellados.

COMITÉ CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

Santiago, 12 de marzo de 2009