COSTA RICA: APUNTES ACERCA DE UNA CRISIS POLÌTICA

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"EL CANDIDATO CON MAS POSIBILIDADES DE SER ELECTO ES AQUEL CON VINCULOS MAS ESTRECHOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO"

Por: Humberto Vargas Carbonel

Con apego  a la norma constitucional del inciso 4.- del artículo 139 de la Constitución el Presidente debe presentar a la Asamblea Legislativa…”un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República…” 
Este mandato constitucional es desarrollado por el artículo 11 del Reglamento Legislativo en el que, además, se fijan las normas protocolarias. Hasta aquí lo legal.

Hace muchos años, no sé cuántos exactamente, se siguen esas normas, con muy pocas variantes.

Opinaré solamente por los que he conocido directamente.

No diré nada sobre el contenido. Cada vez que un Presidente presenta un informe se desata un auténtico juego de pólvora oratorio, unos encienden chirraca para demostrar su adhesión al Presidente y otros, triquitraques de doble trueno para mostrar su militante oposición. Al final, palabras que se las lleva el viento.

El resultado final no depende tanto de los talentos de los oradores como del modo de hacer política, que es un modo nefasto y por lo mismo improductivo.

Los informes presidenciales,  así como  los discursos de sus adversarios son siempre una prolongación de un modelo electoral absolutamente aburguesado. Los procesos electorales constituyen el punto culminante del desprecio por el pueblo, a ese le llaman “soberano” pero que está lejos,  por causas ajenas, del fondo del proceso eleccionario.

Bien sabida esa mecánica electoral, pero insisto con algunas ideas, solamente con el propósito de refrescar la memoria de  las víctimas.

El fin “supremo” del Tribunal Supremo de Elecciones es garantizar que la gran burguesía no pierda el control absoluto de la vida política, económica y social. Las autoridades electorales han cambiado pero desde el inicio de los años treintas, impidieron la inscripción de un partido que lleve el nombre de “comunista” y así los comunistas hemos sido “obligados” a usar  apodos para participar en los procesos electorales. 
Desde 1948 y durante muchos años fueron ilegalizados varios partidos. En 1953 fue puesto fuera de ley e impedido de participar en las elecciones el “Partido Progresista Independiente” cuyo candidato a la Presidencia fue don Joaquín García Monge. El principal gestor de esa ilegalización fue Francisco Orlich Bolmarcich, para entonces Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Liberación. Y el TSE  expectante y en silenciosa espera avaló la ilegalización de otros partidos.

Los canales de TV y las radioemisoras participan abiertamente en la campaña electoral ante la interesada ceguera del TSE que olvidó que estas empresas no podrían existir sin el uso de un bien público como es el espacio radioeléctrico. 
La Sala Constitucional resolvió: “Según  el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Políticas  “los servicios inalámbricos “no podrán salir definitivamente del dominio del Estado. Pública es la titularidad: han sido constitucionalmente vinculados a fines públicos y su régimen es exorbitante del derecho privado…” (S. C. V. 3272-95). Según el TSE estas empresas pueden participar en los procesos electorales con fines sectarios, más allá de los espacios vendidos. Este fenómeno es una grave falla de un órgano que tiene el deber ser un árbitro imparcial de los procesos electorales.

El mayor de los problemas es permitir el uso ilimitado ý abusivo de recursos económicos, que implica una diferenciación entre  los candidatos absolutamente ilegítima. Todos los candidatos deben tener las mismas posibilidades económicas, solo así se puede garantizar que la diferencias entre ellos sean sus ejecutorias sociales, su cultura y su talento.

Se podría decir que el candidato con más posibilidades de ser electo es aquel con vínculos más estrechos con el crimen organizado o con los  medios que son propiedad de la oligarquía en asocio con  monopolios extranjeros. Esta  diferenciación ha hecho pagar al pueblo un doloroso precio moral y político, elevadísimos.

No es necesaria una reducción al absurdo para decir que el régimen electoral se ha descompuesto de tal manera que puede considerarse la podredumbre  de la “democracia costarricense”, de la que tanto se habla. La propaganda electorera es la realidad al revés.

La retórica presidencial, cada 1 de mayo, es una retórica decadente, con olvido total de las necesidades reales de aquellos a los que se les pidió el voto.  Es simplemente un discurso de plaza pública, dicho con pausas más prolongadas y sin el acompañamiento de música y payasos, pero igualmente vacío.

Y a pesar de esto el Presidente no responde ante nadie ni por nada. La Asamblea vive al margen de esta realidad. El Presidente es intocable; le basta con destituir a ministros, aunque sea el único y real responsable del desacierto, de la vagabundería o del acto de corrupción. 
El régimen constitucional  ha blindado jurídicamente  de tal manera al Presidente que en nuestra política ha desaparecido una institución de enorme valor: “la responsabilidad política”. La ausencia de esta institución ha quitado capacidades a la Asamblea Legislativa, hasta convertirla en un Poder prácticamente inerte: produce leyes y ejerce un control político carente de seriedad e incapaz de producir efectos significativos.

El presidencialismo extremo que padecemos es uno de los mayores males de nuestra vida institucional. Esto tiene que cambiar y pronto. Debe elaborarse un modelo propio que separe las funciones de jefe del Estado de la Jefatura de Gobierno. Y  a este último obligarlo a responder permanentemente sobre sus actos y los de sus subordinados. Incluyendo la posibilidad de que una representación de los electores que pueda destituirlo.

Habría que elaborar un modelo de parlamentarismo costarricense y adecentar el proceso electoral. Así podríamos mejorar mientras llega la hora de la verdadera justicia.

Tengo la impresión que para no pocos alcanzar la Presidencia es un afán personalísimo y vanidoso. Llegan a ese puesto sin programa y sin ideas. Su mayor anhelo no es servir al pueblo sino  ganarse el título de ex Presidente, porque ese sí es permanente.

Quisiera para cerrar estas pequeñas notas recordar  una idea—que no será textual— de Charles De Gaulle, que una vez dijo, según lo recuerda R. Nixon en su libro “Los Líderes”, “Hay quienes participan en la política para hacer algo y otros que participan para ser alguien”.

Clasifique Usted estimado lector a los políticos costarricenses.

Fuente: Partido Vanguardia Popular(Comunista)Costa Rica/Solidnet/PrensaPopularSolidaria
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