Por: Luis Britto Garcìa
¿Qué es la soberanía? Es la suprema,
perpetua e inalienable potestad de un Estado de darse sus propias leyes,
ejecutarlas con sus autoridades y decidir con sus propios tribunales las
controversias que se plantearan sobre dicha ejecución. Es una potestad suprema,
porque por encima de ella no hay ni puede haber otra. Es inalienable, porque un
Estado no puede cederla, comprometerla ni condicionarla sin dejar de existir.
Es perpetua, porque una vez instaurada, perdura sin limitaciones en el tiempo.
Ello es así porque la soberanía expresa la voluntad del pueblo libre. La
pérdida de la soberanía es la muerte del cuerpo político. Nadie puede consentir
válidamente en perder la soberanía o en ser esclavo, porque como decía
Rousseau, la locura no genera derechos.
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Estos conceptos son muy claros y muy
fáciles de entender para todos, salvo para la clase política que nos gobernó
durante casi dos siglos. A lo largo de esa desfalleciente historia republicana
tuvimos próceres como Bolívar, que defendió denodadamente el derecho a resolver
nuestras cuestiones internas con nuestros propios tribunales, incluso contra
potencias como Estados Unidos.
Pero también padecimos traidores que entregaron la soberanía a órganos foráneos. Durante el pasado siglo vimos cómo una Carta de Intención pretendió transferir al Fondo Monetario Internacional el derecho a decidir cuáles leyes podíamos darnos y cuáles medidas económicas debíamos adoptar. Tratados de Promoción y Protección de Inversiones y Tratados contra la Doble Tributación intentaron limitar nuestras potestades legislativas y conferir al Centro Internacional de Arreglos de las Diferencias sobre las Inversiones (CIADI) el derecho a decidir sobre la aplicación de las leyes económicas. Estas potestades, empleadas contra el pueblo, condujeron primero a la insurrección popular del 27 de febrero de 1989 y a la rebelión militar del 4 de febrero de 1992.
Pero también padecimos traidores que entregaron la soberanía a órganos foráneos. Durante el pasado siglo vimos cómo una Carta de Intención pretendió transferir al Fondo Monetario Internacional el derecho a decidir cuáles leyes podíamos darnos y cuáles medidas económicas debíamos adoptar. Tratados de Promoción y Protección de Inversiones y Tratados contra la Doble Tributación intentaron limitar nuestras potestades legislativas y conferir al Centro Internacional de Arreglos de las Diferencias sobre las Inversiones (CIADI) el derecho a decidir sobre la aplicación de las leyes económicas. Estas potestades, empleadas contra el pueblo, condujeron primero a la insurrección popular del 27 de febrero de 1989 y a la rebelión militar del 4 de febrero de 1992.
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Ambos movimientos iniciaron un
proceso de restauración de la soberanía, vale decir, de la Independencia de
Venezuela. Si en algo revela Chávez su verdadera naturaleza es en
la sucesión de medidas con las cuales va liberando al país de las tutelas que
otros poderes pretendían ejercer sobre él. Apenas juramentado, ordena que se
marche la Misión Militar
de Estados Unidos que dentro de nuestras propias instalaciones castrenses
pretendia supervisar nuestro Ejército. Los marines estadounidenses tratan de
desembarcar en nuestras costas con el pretexto de prestar ayuda humanitaria
durante la vaguada de Vargas. Chávez les ordena no poner su planta insolente en
las playas, y los hace retirarse. La Nómina Mayor
de Petróleos de Venezuela S.A. se considera dueña de la empresa: Chávez ejerce
el derecho de la Nación
como única accionista de remover y designar la
Junta Directiva, aunque ello le cuesta un
golpe de Estado y un sabotaje petrolero. Sucesivamente recupera Chávez para
Venezuela el control sobre las industrias estratégicas: la electricidad, la
telefónica, la siderúrgica. Una ley inconstitucional pretende privatizar los ríos,
lagos, lagunas y aguas; valiéndose de la Constitución, Chávez
la veta. El CIADI decide sistemáticamente contra nuestro país las demandas de
las transnacionales: Chávez impulsa la denuncia del Tratado que nos somete a
esos árbitros prejuiciados. La Corte Interamericana
de los Derechos Humanos de la
OEA actúa como órgano prejuiciado contra Venezuela y pretende
enmendarle la plana a nuestros legisladores y jueces: Chávez impulsa la
denuncia de la Convención Interamericana
de los Derechos Humanos, y cesamos de estar bajo las sentencias del llamado
Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Para evitar que cortes foráneas nos
confisquen las reservas internacionales, ordena repatriar la casi totalidad de
los lingotes de oro que estaban en poder de instituciones extranjeras. El
imperialismo es la muerte de las soberanías; la resurrección de éstas, la
defunción de los imperios.
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Pero para los países pequeños o
medianos la soberanía es difícil de sostener sin alianzas. Chávez rompe con la
diplomacia unipolar; se abre a la multilateralidad, a las relaciones Sur-Sur, a
los vínculos con el Asia y con el
Movimiento de los Países No Alineados. Integracionista raigal, es factor
fundamental en la derrota del ALCA y en la integración al Mercosur, así como en
la creación de las grandes hermandades nuestramericanas del Alba, Unasur y la
Celac. Releamos sus discursos, sabiendo que
son la expresión fiel de una política que se confunde con su ser y con el de
Nuestra América. Como la soberanía, su voz perdurará mientras el cuerpo
político aliente y manifieste su voluntad de continuar existiendo: como la
soberanía, por siempre.
(TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO)
Fuente: luisbrittogarcìa.blogspot.com/PrensaPopularSolidaria
http://prensapopular-comunistasmiranda.blogspot.com
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