| El presidente Juan Manuel Santos debe decidir si acoge con seriedad y responsabilidad la construcción de la paz o si, dándole la espalda a la mayoría del país, le hace el juego a los detractores con los cuales quiere sentarse a conversar. |
Editorial del Semanario VOZ
En la medida que avanzan los temas trascendentales y definitivos para
que la Mesa de La Habana llegue al punto de irreversibilidad, se
acentúa la ofensiva de la extrema derecha contra la paz y la
reconciliación nacional. Aunque en medio de las debilidades y
ambigüedades del Gobierno.El presidente Juan Manuel Santos debe decidir si acoge con seriedad y responsabilidad la construcción de la paz o si, dándole la espalda a la mayoría del país, le hace el juego a los detractores con los cuales quiere sentarse a conversar. Las más recientes declaraciones del presidente Santos y del alto comisionado Sergio Jaramillo colocan en peligro la estabilidad de la mesa, cuando está en marcha el ciclo 33 que debate los temas en cuestión.
Ambos sentencian, como juez y parte, que los guerrilleros deben ir a la cárcel y Jaramillo va más allá, porque amenaza que no habrá firma de ningún acuerdo si no es así. Olvida que son dos las partes y todo debe discutirse y adoptarse de común acuerdo. No caben las imposiciones, por eso es que no tienen validez en la mesa la llamada justicia transicional ni el referendo, aprobados por el Congreso, sin contar con la insurgencia.
Santos debe cumplirle a los electores. Ganó la reelección con la bandera de la paz y la votación de buena parte de la izquierda fue la que le dio la victoria. Los más de dos millones de votos de Clara López y Aída Avella, así como el respaldo social y popular de quienes no apoyan su funesta gestión neoliberal, fueron los que le permitieron el segundo periodo. De lo contrario estaría el uribismo montado en la guerra, cuyo candidato le ganó en la primera vuelta.
El gobierno debe consultar las últimas encuestas. Todas están del lado de la paz, no quieren la guerra, algunas están por encima del 60%. La gira guerrerista del senador Uribe Vélez y su combo fue un fracaso, como también la prédica tonta del procurador Alejandro Ordóñez. Los enemigos de la paz están aislados. Así lo demuestra la reciente visita del ex secretario general de la ONU Kofi Annan y el nombramiento del delegado de paz para Colombia de la Casa Blanca, además de los numerosos actos y eventos en el exterior.
El 10 de marzo se realizará uno muy importante en la sede del Parlamento británico en Londres, organizado por Justicia por Colombia y grupos de parlamentarios amigos de la paz. Aquí no caben las dilaciones, los discursos retóricos ni mucho menos el chantaje como arma de negociación.
La paz es posible con la voluntad de las dos partes. Las FARC-EP han cumplido con el cese unilateral de fuegos. Todos lo han reconocido, incluyendo encuestas y declaraciones del Gobierno y los partidos políticos. Solo el delirante discurso guerrerista del uribismo lo desmiente. El Frente Amplio, veedor del cese de fuegos, en el segundo informe desde Caloto (Cauca), reafirmó el estricto cumplimiento por parte de las FARC-EP. Mientras las Fuerzas Militares arrecian los operativos y atacan a los guerrilleros en tregua. Uribe Vélez, con el mayor descaro, divulgó la directiva interna militar en que los altos mandos ordenan multiplicar operativos contra la insurgencia.
El fondo del debate es el tema de la justicia. La derecha quiere ver a los insurgentes en la cárcel en un debate que está planteado con tecnicismos jurídicos a nivel internacional, desconociendo la realidad colombiana. Este es un problema en esencia político porque el levantamiento armado de los guerrilleros obedeció al derecho de rebelión. Delito político en la legislación colombiana. El propio gobierno reconoció el conflicto y las causas del mismo.
La maniobra gubernamental es para desviar la responsabilidad enorme que tiene el estado colombiano, principal responsable de la violencia desde el poder. Es la deuda histórica con el país y el mundo. Es un debate que debe abrirse, excluyendo visiones unilaterales. En poder de la mesa están los informes de la Comisión de Historia que arroja luces sobre el origen de la confrontación y sus responsables.
Los amigos de la paz deben cerrar filas contra el uribismo extremista y contra las debilidades del Gobierno. La paz hay que defenderla, no solo para ganar unas elecciones, sino en función del bien supremo y del derecho de los colombianos a vivir en democracia y justicia social. La tarea es preparar la gran marcha del 9 de abril sin debilitar las fuerzas en otras que no se corresponden con el anhelo fundamental que está planteando la mayoría de los colombianos.
Fuente: Semanario VOZ/PrensaPopularSolidaria
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