DECLARACIÓN ALTERNA
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LOS PUEBLOS
JÓVENES ORGANIZADOS EXPRESANDO ALTERNATIVAS
JOEA
Más de 300 personas jóvenes, hombres, mujeres, afrodescendientes, indígenas, población LGTB, participantes de los más variados procesos sociales alternativos de los pueblos de América Latina, nos dimos cita en la ciudad de Medellín, Colombia, desde el pasado 29 hasta el 31 de mayo, con el propósito de debatir sobre las realidades que afrontan los pueblos latinoamericanos en materia de justicia social, democracia, desarrollo y derechos humanos.
Durante estos tres días nos concentramos en comprender las formas que vulneran, por acción u omisión, los derechos humanos de las personas jóvenes por parte de los Estados Nacionales y los Organismos Multilaterales.
A partir de las reflexiones suscitadas en este encuentro, consideramos que la Declaración de Medellín: Juventud y Valores Democráticos, que será emitida por la XXXVIII Asamblea General de la OEA, reunida en Medellín, Colombia, reconoce la existencia de problemas estructurales que dificultan el ejercicio pleno de derechos de la ciudadanía latinoamericana y, a su vez, reafirma los compromisos, apoyos y solicitudes a los Estados; sin embargo, no nos sentimos recogidos esta Declaración dado que no da cuenta del cumplimiento o no de los compromisos de los Estados, y no reconoce a plenitud las libertades y los derechos de la juventud en el contexto latinoamericano.
Por ello, proponemos algunas alternativas para consolidar la autonomía de las organizaciones sociales, valorando los procesos de resistencia frente a las realidades excluyentes como los modelos de desarrollo, las prácticas patriarcales y los procesos militaristas, partiendo de cuatro temas que consideramos prioritarios: Derechos Civiles y Políticos; Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales (DESCA); Militarización de la Sociedad y Resistencia Civil; y Pueblos y Culturas Ancestrales.
Consideramos que los Estados nacionales han evadido sus responsabilidades frente a la garantía y protección de los derechos humanos en sus territorios, implementando políticas regresivas que responden a intereses particulares económicos y políticos, internacionales y nacionales, y dejan de lado las necesidades y exigencias de la población.
La juventud reunida en el ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LOS PUEBLOS afirma que:
· existe una sistemática vulneración al derecho a la libertad de expresión, a la voluntad de movilización y a la libre asociación de las mujeres y los hombres jóvenes que manifiestan su oposición y asumen posturas críticas a realidades excluyentes. En muchos lugares, estas prácticas pasan por la criminalización, estigmatización, torturas, desaparición forzada y el asesinato.
· la militarización fundada en prácticas y costumbres patriarcales promovidas por los gobiernos vulnera el derecho a la vida y reduce las posibilidades de la juventud a construir proyectos de vida que propendan por el ejercicio integral de los derechos humanos.
· existe presencia militar, tanto legal e ilegal, en territorios considerados de vital importancia por intereses económicos y políticos, y que vienen afectando los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y comunidades campesinas.
· ante este panorama, la juventud, en especial aquella en condición de pobreza, no ha sido protegida de los efectos de la guerra por buena parte de los Estados Americanos: no se le reconoce su derecho a objetar por conciencia, forzándola a engrosar las filas de los ejércitos legales y desprotegiéndolos frente al reclutamiento forzado de los ejércitos ilegales.
· la participación política de los hombres y mujeres jóvenes sigue dándose en el ámbito de lo consultivo más no desde los decisorio, perpetuándose el desconocimiento de la juventud por parte de los Estados como sujetos de derecho, con capacidad de decisión sobre sus intereses y los de sus comunidades.
· las personas reunidas en este Encuentro de los Pueblos afirmamos que en Colombia sí existe un conflicto armado, nos reconocemos como víctimas del mismo y nos solidarizamos con las demás personas afectadas por éste. Consideramos que el proceso de Verdad, Justicia y Reparación que actualmente se adelanta en Colombia vulnera los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, en especial de las comunidades afrodescendientes, indígenas, raizales y campesinas.
· los Estados, respondiendo a políticas económicas internacionales, han delegado en el mercado la responsabilidad de garantizar la educación, la vivienda, la alimentación y la salud, asumiéndolos como servicios por los que hay que pagar y no como derechos de las comunidades.
· las políticas laborales adoptadas en los últimos tiempos por los Estados han precarizado de manera sistemática el derecho al trabajo decente de la ciudadanía, en especial de la población joven, y generado una pérdida constante de las conquistas laborales, impidiendo una justa distribución de la riqueza y ampliando la brecha de la desigualdad social.
· los Estados siguen permitiendo la concentración de la propiedad de la tierra y de los recursos naturales en manos de particulares y de intereses de capitales trasnacionales, lo que atenta contra la seguridad alimentaria de los pueblos, aumenta los índices de pobreza, agudiza la exclusión social y genera violencia estructural.
· las políticas públicas de juventud en América Latina responden a las directivas del Banco Interamericano Desarrollo (BID); Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), dejando de lado los intereses y las necesidades de los jóvenes.
· los Estados no están garantizando el derecho a la autodeterminación de los pueblos al estar sujetos a políticas transnacionales, impidiendo la toma de decisiones que respondan a las necesidades reales de la población juvenil.
· los y las jóvenes de grupos indígenas, campesinos, raizales y afrodescendientes siguen siendo despojados de sus tierras y vulnerados sus derechos.
Por todo esto, los jóvenes de América le EXIGIMOS a los Estados Nacionales y a los Organismos Multilaterales presentes en la XXXVIII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que:
· se respete y garantice la vida, las libertades e integridad de las personas jóvenes, cesando la persecución, represión y la judicialización; el abuso de la fuerza pública, la desaparición forzada y la estigmatización, especialmente de aquellos que hacen oposición política.
· los Estados brinden una educación que responda a las necesidades y particularidades de los pueblos, donde se implementen políticas de formación intercultural, universal y gratuita.
· los Estados generen condiciones para el trabajo decente, que no esté al servicio del mercado sino que responda a la realización de expectativas y necesidades personales y colectivas, donde se respeten los derechos laborales conquistados.
· los Estados desarrollen mecanismos de consulta previa de amplia participación social sobre todos aquellas decisiones y acuerdos que puedan poner en riesgo o afectar territorios colectivos, como la ejecución de megaproyectos y la firma de tratados de libre comercio, que vulneran los derechos humanos y no contemplan la integración cultural y política de los pueblos.
· los Estados garanticen el acceso gratuito al derecho de la salud, con calidad y respeto a la vida humana.
· los Estados reconozcan y respeten, como un derecho fundamental, la objeción por conciencia, la decisión de los ciudadanos de no pertenecer a ningún ejército y proteja a la población juvenil del reclutamiento forzado de ejércitos legales e ilegales y de la vinculación a conflictos armados.
· los Estados reduzcan el gasto militar y trasladen esos dineros a políticas que favorezcan la inversión social.
· esta Asamblea emita una resolución en la que se restablezca el proceso de negociación de la Declaración Interamericana de los Derechos de los Pueblos. Esta declaración debe contemplar estándares que la homologuen con las normas contenidas en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. En este mismo sentido, se insta a los Estados miembros que no han acogido esta última Declaración, como Colombia, Canadá y Estados Unidos, a que adopten a la mayor brevedad.
· la OEA inste a los Estados que no han firmado la Carta Iberoamericana de los Derechos de la Juventud a que lo hagan.
· en Colombia se establezca una agenda de paz que privilegie una salida negociada al conflicto armado.
· la OEA introduzca en sus pactos concepciones precisas con referencias a los derechos económicos, que permitan la exigibilidad.
· el organismo multilateral americano promueva y favorezca el fortalecimiento de los sistemas de justicia interna de los países, a fin de que mecanismos como la extradición sean los últimos recursos existentes para la judicialización y el juzgamiento de quienes violen la ley.
· se fortalezca el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos.
· los Estados garanticen el derecho a un ambiente sano, promoviendo la protección de los recursos naturales no renovables y reconozca el agua como un derecho fundamental al que los pueblos, en especial la juventud, puedan acceder libremente.
· mayor compromiso de los Estados miembros de la OEA con la defensa de los Derechos Humanos y las luchas por las reivindicaciones sociales, la equidad, la democracia, y genere políticas que den soluciones efectivas a la pobreza y el hambre.
· los Estados no sigan imponiendo un modelo de desarrollo en el que coexisten la competitividad y la solidaridad, concepciones que no son compatibles dado que la primera no permite generar lazos de solidaridad entre los ciudadanos y los pueblos. Por ello no compartimos la idea que, en ese sentido, ha sido incluida en la Declaración de Medellín: Juventud y Valores Democráticos, que será emitida por la XXXVIII Asamblea General de la OEA, reunida en Medellín, Colombia.
Reiteramos que asuntos de gran importancia como la soberanía nacional, la paz y la seguridad del continente, el pluralismo que debe caracterizar cualquier democracia, el respeto de los derechos humanos, las salidas negociadas a los conflictos, el respeto por la naturaleza e impedir su explotación bajo ningún pretexto, el derecho al acceso de bienes y servicios de todas y todos los ciudadanos del continente, o la militarización de la sociedad, no han sido resueltos durante los 60 años de existencia de la OEA como pacto político entre los Estados Nacionales de América, y aunque a veces ocupan las agendas políticas, no son prioritarios y se dejan de lado, acumulando la deuda social que el mundo y todos sus dueños tienen con la base social que les genera toda esa riqueza.
Por tal motivo, las personas jóvenes, campesinas, afrodescendientes, raizales, indígenas, sector LGTB, hombres y mujeres organizados y reunidos en el ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LOS PUEBLOS JÓVENES ORGANIZADOS EXPRESANDO ALTERNATIVAS, continuaremos en resistencia frente a estas realidades excluyentes, incrementando nuestra movilización ante los Estados y realizaremos procesos de veeduría y control político a las decisiones que adopte la OEA en su resolución final. Esperamos que este documento no sea archivado.
Dado en Medellín, el 31 de mayo de 2008 Fuente:Anncoll
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